El plan de reducción de subsidios resultó una de las noticias económicas que más tronó en la semana que se acabó ayer. El ministro de Economía Axel Kicciloff precisó que en el caso del agua potable, la quita de subsidios se segmentará en tres categorías: barrial, media y alta, y la reducción será del 10% al 80%, en base a zonas previamente definidas.

En la capital entrerriana nadie dijo esta boca es mía. En los medios electrónicos y digitales, al menos de UNO, el tema pasó inadvertido. Los lectores, tan propensos a opinar y cuestionar sobre el devenir de la gestión municipal, de esta y las que se suceden desde el año 2000 -cuando este diario empezó a circular- ignoraron la cuestión.

Nadie, pero literalmente nadie, emitió un mensaje de queja u aprobación. Los periodistas en general, también dejaron pasar el tema; los funcionarios hicieron lo propio y continuaron en lo suyo. La razón de semejante desplante al anuncio que conmovió a los medios de prensa nacionales, sean públicos, privados, oficialistas, contras o como deseen describirlos, es simple: en Paraná el consumo de agua potable no se paga por lo que se consume. Son apenas un puñado, aproximadamente el 10%, quienes tienen medidor instalado en su casa y con fundamentos se sienten víctimas de la inequidad.

Y no es esta una favor de la comuna, sino todo lo contrario, porque la regulación del vital elemento es un deber público. Aquí, en la capital entrerriana refiero, Obras Sanitarias es una repartición municipal cuando en casi todo el país el organismo es de competencia provincial, nacional o administrado por entidades cooperativas. Es decir, es el municipio el que asume por su cuenta y orden la prestación de un servicio elemental para la vida de la población.

Pues entonces, la comuna tiene el deber de salir a cobrarle a los vecinos por lo que consumen y dejarse de percibir una tasa que es casi la misma para quien vive solo y su alma como para aquel que tienen un familión con pileta incluida al fondo. Muchos se enojarán con la postura, pero de su sentido de justicia nadie podrá dudar. Como es cierto también que si alguna vez cada quien empieza a pagar por el tiempo que tiene las canillas abiertas empezarán a brotar los mensajes de texto a la Redacción de UNO con quejas por el gusto del agua, su presión y cuestiones similares.

Pero mientras el vital elemento siga llegando sin precio justo las quejas se silencian. Como dice el refrán, a caballo regalado... no se le miran los dientes. Eso sí, si se rompe un caño hay enojo y braman de bronca, pero para pagar casi todos se hacen los distraídos.

Dirán contra esta opinión (y con algo de razón) que por el servicio de limpieza se paga y la calidad depende del humor de los punteros gremiales de la comuna. En tal caso responderé: ese es otro problema, ligado al desempeño de la gestión. Y hasta admitiré que al vecino se lo estafa cuando no se les presta el servicio por el que ya pagó. Incluso aportaré que las autoridades deberían devolver plata cada día que no recoge la basura y es más, que deberían hacerse cargo por los perjuicios que ocasiona el estado de la traza vial o las demoras de los colectivos urbanos.

Pero tales complicaciones no implican y mucho menos justifican que los miles de consumidores de agua potable de Paraná tengamos derecho a estafar a la comuna al no pagar precio justo por el servicio que recibimos.