Firmaron un acuerdo la Provincia y la Municipalidad. El infractor que le deba a la Caminera, no podrá renovar su licencia.
De esta manera, los ediles radicales ratificaron el convenio de adhesión al Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (Repat) y la integración a la Comisión Provincial de Seguridad Vial, junto con la creación de un nuevo Juzgado de Faltas. Este órgano será un ente que, de acuerdo al compromiso asumido por el municipio, se encargará analizar las multas labradas en rutas provinciales por la Policía Caminera, no así por los “zorros” municipales.
Ayer, los concejales radicales sólo consiguieron el apoyo de los ediles de Unión por Córdoba. El olguismo, el juecismo y Marcelo Rodio, del Peronismo que Viene, salieron al cruce del acuerdo con serios cuestionamientos. La oposición acusó a Mestre de tener “sólo fines recaudatorios” ya que sobre cada multa que haga la Caminera, el municipio capitalino se quedará con el 15 por ciento de todo lo recaudado.
El edil Lucas Cavallo (UCR) fue quien defendió el acuerdo: “Formaremos parte del registro, lo que nos permitirá conocer la conducta de los automovilistas a través del acceso a la información de la base de datos de la Provincia y, en el caso que sea necesario, no se renovará la licencia a infractores que tengan multas, salvaguardando la autonomía municipal. Se creará para ello un Juzgado de Faltas que tendrá competencia en infracciones constatadas a vecinos con domicilio en el radio de la ciudad de Córdoba por la Policía Caminera”, explicó Cavallo.
Si el infractor no hace el pago voluntario, en el que la Municipalidad se quedará con el 15 por ciento, el nuevo juzgado retendrá el 35 de los montos que se cobren judicialmente. El oficialismo aseguró que ese dinero irá para mejorar el área de Tránsito.
En ningún momento se decidió adherir a la norma provincial que establece la quita de puntos para aquellos conductores infractores que sólo pueden recuperarlos con cursos.
De allí el enojo de Olga Riutort, quien consideró que se estará cobrando por multas fuera del ejido de Córdoba. “Es un entuerto económico que en nada influye para prevenir accidentes. Sirve sólo para mejorar las finanzas provinciales. De las 600 mil multas impagas de la Caminera, sólo cinco mil van a juicio por mes”, dijo Riutort.
También Miguel Siciliano, de la misma banca, dio a entender que se trata de un “acuerdo con fines recaudatorios”. “Vamos a tener un conductor con un carné renovado, si paga la multa, pero que seguirá sin poder circular en rutas provinciales”, explicó.
Esteban Dómina, del Frente Cívico, se sumó: “Se está afectando la autonomía municipal al resignar potestades que le son propias, y se permite la injerencia de la Provincia (...) No se apunta a la prevención ni a mejorar el tránsito, sino a recaudar más”. Sin embargo, para el secretario de Transporte municipal, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, “es un acuerdo benéfico porque se conocerán las sanciones de los conductores y se les exigirá el cumplimiento de las actas”.
Sanciones incobrables
La Caminera labra por mes unas 45 mil actas, de las cuales un 35 por ciento son de conductores de esta ciudad. Muchas de éstas son incobrables. Con el nuevo acuerdo, los contraventores tendrán que pagarlas si quieren de nuevo la licencia. Con ello, al año le quedarían a la Municipalidad de Córdoba alrededor de 20 millones de pesos.
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Verónica Suppo
Redacción
Primero se paga, después se educa al infractor
La Municipalidad adhirió a un acuerdo con el Gobierno de De la Sota que le permitirá saber cuáles son los conductores de esta ciudad que tienen infracciones con la Caminera. Ahora bien, ¿imagina Usted que su vecino sea un reincidente en infracciones en las rutas cordobesas, pero que la Municipalidad de Córdoba le renueve la licencia, ‘si paga las multas’? Eso pasará ahora. Sí. Abonará, saldrá con una licencia renovada, la Municipalidad se quedará con el 15 por ciento de una multa que nunca labró, sino que la hizo la Provincia.
¿Educación Vial? ¿Entregas de licencias por pagar multas? ¿Y la posibilidad de reeducar a ese infractor? De la Sota se saca así la carga de intimar a sus contraventores incobrables, y le pasa la posta a Mestre, con la recompensa del 15 por ciento.




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