El candidato a gobernador del PJ y ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, se puso el reclamo de la promoción industrial al hombro y salió a presionar a la Nación para que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firme un nuevo decreto paralelo al 699/10 que incluya a los siete departamentos que se ven perjudicados por el régimen impositivo, es decir, a Las Heras, Lavalle, La Paz, Santa Rosa, General Alvear, Malargüe y San Rafael.

"Así como firmó el 699, la presidenta puede firmar uno nuevo y compensatorio que incluya a Mendoza", lanzó el funcionario. La cara visible del Gobierno en cuanto al reclamo es, ahora, Paco Pérez, quien asiste a todos los actos protocolares desplazando al mismo gobernador quien, en esta oportunidad, prefirió no asistir a la inauguración del Banco de Leche para evitar hablar de la polémica promoción.

Asimismo, Pérez indicó que las gestiones con el ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, por el decreto que prorroga la Promoción Industrial apuntan a lograr un sistema que incluya a más provincias que San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja y que la presidenta está comprometida con esa actitud. "Vamos a trabajar en distintas alternativas técnicas y vamos a sumar a las otras provincias, no solamente las beneficiadas por el decreto, sino también otras que no quieren quedar al margen de un equilibrio fiscal atento a las simetrías que pueden generarse en las economías regionales", explicó. "Si no, tenemos el cuento de la sábana corta. Tapamos a una provincia y destapamos a otras", disparó.

No obstante, las declaraciones de Pérez durante la inauguración del Banco de Leche Materna y de la nueva internación del Lagomaggiore rondaron en torno a lo que para el oficialismo es el tema de fondo: el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones. "El fallo es netamente político, con consecuencias políticas y económicas para la provincia. El argumento es inconcebible", destacó el ministro de Infraestructura. El funcionario consideró que "es sospechoso el fallo, porque lo saca justo antes de la feria judicial". Y no descartó que Romano tenga algún interés en perjudicar con este fallo al Gobierno y a la gestión de Jaque, dado que éste inició el curso de los procesamientos en su contra.

"Estamos muy preocupados que ante la situación delicada que están atravesando varios magistrados que integran la Cámara Federal siguen emitiendo resolusiones que perjudican gravemente a la provincia. "Romano tiene varios intereses por perjudicar al gobierno de Celso Jaque", puntualizó Paco Pérez.

Nervioso y de mal genio, el candiato del oficialismo reculó cuando se le insisitó con que Cristina fue, precisamente, la que firmó el decreto 699/10 prorrogando los beneficios para el resto de las provincias vecinas y que fue el gobernador Celso Jaque el que desistió de seguir con la demanda ante la Nación por este tema. "Hay que mirar para adelante", definió el funcionario, quien agregó: "Esa fue una decisión política del gobernador".

Lejos de apuntar contra la Nación, el ministro se mostró más alineado que nunca a los conceptos nacionales y por eso defendió a capa y a espada la postura del gobernador de no acudir a la Justicia y dejar el reclamo en las manos de la Cámara de Comercio de San Rafael."Estamos evaluando distintas alternativas, técnicas y políticas que tienen que ver con equilibrar las asimetrías que existen entre las provincias. Estamos trabajando para que la Nación no firme los convenios con las provincias y hasta el momento hay un buen entendimiento. Estar alineado a la presidenta no es una debilidad, es una fortaleza", aclaró.

Contra los radicales

A medida que el candidato a gobernador se iba envalentonando con las preguntas de los medios, se iba soltando y mostrando al Paco "caliente" tal como lo calificaban sus compañeros de gabinete. En esta oprotunidad, el ministro mostró la hilacha y lejos de mostrarse conciliador, como venía haciendo en plena campaña, apuntó contra la UCR, especialmente contra el candidato a gobernador, Roberto Iglesias.

"Iglesias fue cuatro años gobernador y no hizo nada por la promoción. Es más, la agravó al adherir al pacto fiscal y al proponer el bono Aconcagua", disparó. Esto es porque en el 2002, El ministro de Hacienda de Iglesias, Enrique Vaquié, responsable de las finanzas provinciales, negoció con acreedores internacionales el default en la que había entrado Mendoza. Por medio de una nota a los Estados Unidos, el Gobierno provincial comunicó a los ahorristas que se haría uso de la prórroga de 30 días que establece el acuerdo para liquidar los intereses del bono Aconcagua. Este papel,por 250 millones de dólares, a una tasa anual de interés del 10 por ciento, fue puesto en el mercado internacional en 1997 a través de la Bolsa de Nueva York sin garantías.

Con sinceridad, Vaquié reconoció en aquella oportunidad que la Provincia no tenía dinero para afrontar la deuda que había dejado la emisión de los bonos por lo que corría el riego de entrar en default. Fue así que la provincia negoció con el ex presiente Eduardo Duahalde un préstamo que la Nación le concedió a Mendoza a cambio de la frma del famoso pacto fiscal, y que otorgaba a la provincia 306 millones de pesos. Por este dinero, Mendoza cedía en sus regalías. A esta situación hace referencia Paco Pérez aunque las diferencias entre la promoción y la firma del pacto fiscal sean grandes. "Iglesias hizo ceder a los mendocinos parte de las regalías hisdrocarburíferas que le correspondían a los mendocinos"; detalló Pérez, y agregó: "Con esto tiró por la borda el federalismo".

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CITAN AL FISCAL DE ROSAS POR LA PROMOCIÓN

"La Promoción Industrial amerita una urgente acción de aquellos en los cuales los mendocinos confiaron a través de su voto, entre otras cosas, la defensa de sus intereses". Con estas palabras, el presidente del bloque de la UCR, Armando Camerucci, citó al fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, por haber sido parte del desisitimiento de la demanda legal que presentó el año pasado el Gobierno ante la Corte de Justicia para evitar la aplicación de la promoción industrial.

"Los mendocinos tienen derecho a conocer la posición de cada uno de quienes tenemos la responsabilidad de conducir los destinos de esta provincia y en su caso en particular interpreto que aún con mayor razonabilidad ya que según estipula el ordenamiento jurídico y nuestra Carta Magna "el Fiscal de Estado es cabeza del órgano instituido por la Constitución para la función especifica de ser el defensor de los intereses patrimoniales del Estado mendocino contra quien quiera que sea y de donde se encuentren comprometidos", asegura Cmerucci en el texto de citación.

De esta manera, De Rosas deberá rendir cuentas ante el Senado el lunes 18 a las 11.