El informe advierte que en lo referente a las obras de canalizaciones, el municipio ejecutaba el pago desdoblado de los anticipos de obras al proveedor por montos menores a $ 50.000. Advierte que con ese accionar el municipio convalida la "actuación fraudulenta" de la empresa responsable de la obra ya que elude la obligatoriedad del depósito de cheques por montos mayores a $ 50.000, creando consecuencias para el fisco nacional. Argumenta que se permite la evasión del pago del impuesto al débito, establecido en la ley nacional Nro. 24.452.

En otro capítulo, los controles se refieren a los paradores turísticos. El informe hace referencia a la "inconsistencia del procedimiento administrativo de ejecución presupuestaria". Advierten los auditores que no contaron con la documentación que habilita al municipio a gastar los fondos (autorización para el gasto). Observa que los mismos se incorporan recién al momento de emitir factura por parte del adjudicatario de la obra, "situación esta que denota la irregularidad en el manejo de los fondos públicos", agrega.

Por otro lado, el organismo de contralor señala que el municipio no tiene en cuenta para el caso de los oferentes de cotización, la identificación de los mismos en la AFIP, es decir que estén inscriptos por la actividad que realizan.

Además, se observa la falta de registros contables y cuestiona la falta de remisión de información al Tribunal de Cuentas.