En el comienzo de una nueva semana de actividad en la Comisión Investigadora Especial, que funciona en la Legislatura porteña para determinar as responsabilidades políticas sobre las escuchas ilegales en el Gobierno porteño, los legisladores Raúl Fernández, del Encuentro Progresista, y Diego Kravetz, presidente de la bancada peronista, patearon el tablero. Presentaron documentación que prueba que la fuerza compró un software para realizar inteligencia criminal –algo que no está contemplado entre sus funciones– y otros dispositivos para detectar pinchaduras, interferencias y micrófonos ocultos.

El PRO rápidamente salió a responder, y lo hizo desde todas sus líneas. Desde el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, hasta sus legisladores, pasando por el titular de la fuerza, Eugenio Burzaco. Es más, el propio Macri dispuso que funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad concurran a la Legislatura para presentar los aparatos en cuestión y desmentir que sirvan para “espionaje”.

A raíz de esta denuncia, en una rápida determinación, el juez federal Norberto Oyarbide, que tiene a cargo la causa judicial, citó a los legisladores Kravetz y Fernández para incorporar la denuncia, y sus pruebas, como documentación en el expediente. Según informaron a esta agencia, el legislador peronista acudirá al juzgado este jueves, mientras el Raúl Fernández lo hará el próximo martes.