La Justicia provincial ordenó la detención de los sospechosos, acusados de presunta "autoría mediata" de los delitos cometidos durante la ola de ataques a comercios y viviendas mientras la fuerza de seguridad no prestaba funciones por un reclamo salarial.
El gobierno provincial, a través del fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, presentó una denuncia por sedición contra los policías amotinados, debido a la modalidad de protesta que adoptaron. A partir de ese momento, los fiscales Diego López Avila y Adriana Giannoni comenzaron a identificar a los saqueadores y a determinar la responsabilidad de los policías en los hechos.
"La Policía tiene que entender que jamás debe abandonar a la sociedad a su suerte", advirtió Paul Hofer, secretario de Seguridad Ciudadana, luego de las detenciones. "Lo que ocurrió generó una herida profunda entre la sociedad y la fuerza policial y reconstruir ese vínculo llevará mucho tiempo", sostuvo el funcionario, quien agregó que "me da mucha bronca que todo lo que se hizo durante años se haya tirado a la basura en unas horas".
Por su parte, el gobernador José Alperovich envió a la Legislatura provincial un proyecto de ayuda financiera para los comerciantes que sufrieron los ataques durante las dos jornadas de violencia vividas la semana pasada. El proyecto establece la entrega de subsidios y créditos con tasas especiales, según el volumen de los daños sufridos por los comercios, además de excepciones impositivas.


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