Otro revés judicial para empresarios del Puerto

Otro revés judicial para empresarios del Puerto
Emprendimientos Bariloche intentó frenar el avance de la causa en la que se dirime la recuperación municipal del Puerto San Carlos.
La firma concesionaria del Puerto San Carlos, presentó una medida cautelar ante la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y de Minería de Bariloche, para intentar obstaculizar el avance de la causa que dirime la recuperación municipal del Puerto San Carlos.

El tribunal local rechazó -por mayoría- el pedido de Emprendimientos Bariloche, al considerar que no se verifica el requisito de verosimilitud en el derecho invocado por la concesionaria, según información a la que accedió ANB.

En una misma línea, la Cámara integrada por los magistrados Edgardo Camperi, Rubén Marigo y Juan Lagomarsino, entendió que “estamos ante un convenio con fuerte contenido “iuspublicistico” –referido a que se trata de un bien común- , donde se evidencia un alto contenido de interés público que debe valorarse de manera muy particular en el cual las facultades de la administración deben restringirse de manera muy prudente y cuando se aprecie un ostensible avasallamiento de los intereses del particular, condiciones que no se desprenden de la descripción efectuada por el demandante”, consideró el tribunal, desestimando la presentación de Emprendimientos Bariloche, y dando cause a la cuestión de fondo.

En relación con los argumentos invocados por la concesionaria, relativos a la falta de cumplimiento de determinadas obligaciones a cargo del Estado Municipal en el marco de la concesión, la Cámara entendió que “ello podrá dar lugar a los reclamos económicos pertinentes, pero de ninguna manera autorizar a la concesionaria a impedir las exigencias que el Estado Municipal como representante del interés de la comunidad, trata de imponerle”.

El magistrado Rubén Marigo, destacó que sigue “pendiente el trámite administrativo” donde Emprendimientos Bariloche “podrá seguir ejerciendo su derecho de defensa, e incluso en caso de rescindirse el contrato, continuando en posesión de las instalaciones del Puerto San Carlos, hasta culminar la instancia administrativa –revocatoria- y en su defecto, culminar el juicio de desalojo en el cual podrá ejercer su derecho de defensa.

En tanto, el juez Lagomarsino, se abstuvo de emitir opinión.

Oportunamente, el Estado Municipal denunció incumplimientos en las obras y la falta de pago del canon correspondiente, lo que derivó en que el Gobierno que encabeza María Eugenia Martini, motorizara la recuperación del bien público, de explotación privada.

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