Un detalle de todo el personal que trabaje actualmente en la administración provincial y que no se encuentre ni en la estructura oficial ni en el cuadro de cargos, será requerido al Ejecutivo por la diputada Virginia Cornejo.
La solicitud está incluida en un proyecto de resolución ingresado en la Cámara de Diputados, que toma como base un informe de la Auditoría General de la Provincia, en el que se cuestionó la gestión de los recursos humanos del gobierno de Juan Manuel Urtubey.
Centenares de trabajadores salteños trabajan para el gobierno bajo un contrato que deben renovar año tras año. Aunque la mayoría cumple horarios, facturan para cobrar sus servicios y no cuentan con obras sociales ni aguinaldos. Según ATE, en la provincia llegan a tres mil, y en los 23 municipios, a nueve mil.
El proyecto de resolución incluye un pedido de informe sobre la última estructura y manual de misión y funciones aprobada de todos los organismos de la administración pública provincial y de los organismos descentralizados y autárquicos, y el último cuadro de cargos.
También solicita al Ejecutivo que informe las medidas tomadas en los distintos organismos después de las sugerencias realizadas por la Auditoría en su diagnóstico sobre la gestión de recursos humanos.
Cornejo apuntó sobre todo a las condiciones en la que deben realizar su trabajo los contratados. "La gravedad del asunto se hace aún más evidente cuando se designan en forma política y sin estabilidad funcionarios -abogados, médicos, ingenieros- cuya tara es dictaminar en forma previa a la emisión de ciertos actos. En estos casos es imprescindible la designación por concurso y la estabilidad propia", dijo la legisladora.
Además, resaltó que "en todas las áreas se requiere que el funcionario tenga garantizado que podrá dictaminar con objetividad, sin recibir instrucciones, y sin hallarse sujeto a posibles represalias por haber opinado distinto lo que pudiera alguien esperar".
Un pedido similar fue hecho en 2008.
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