El gobernador Hermes Binner envió ayer a la Legislatura el proyecto de ley que busca modificar la Constitución provincial. La reforma se fundamenta en la necesidad de "incorporar nuevos derechos y garantías o ampliar" los existentes, para "adecuar la norma" a la Constitución Nacional de 1994.
El mensaje del Ejecutivo solicita incorporar artículos y adecuar otros, sobre principios y normas rectoras en materia de servicios públicos; control interno y externo de la administración pública; y la creación de la Defensoría del Pueblo.
En cuanto a los alcances de la propuesta, se busca la modificación de los artículos 3, "a fin de establecer la neutralidad religiosa del Estado y la libertad de cultos"; 9 y 17, referidos a derechos y garantías, "para adecuar las normas provinciales al artículo 43 de la Constitución Nacional"; y el 26, para reconocer la función social del mutualismo.
De la misma manera, se apunta a la necesidad de reformar los artículos 29 y 30 "a efectos de contemplar y proteger principios y valores democráticos tales como la intransferibilidad del voto, el derecho a voto de los extranjeros, el principio de proporcionalidad para la distribución de las bancas en los cuerpos legislativos, el establecimiento de un tribunal jurisdiccional electoral, independiente, permanente y con fuero propio, el reconocimiento de los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático y el establecimiento de mayorías especiales para aprobar normas en materia de sistema electoral y partidos políticos".
La reforma contempla modificar otros artículos para optimizar el funcionamiento del poder Legislativo, y "garantizar la representación plural, con la territorial y poblacional y adecuar el diagrama de competencias provinciales y locales con el reconocimiento de la autonomía municipal y la regulación de su alcance y contenido". Además, se busca incorporar el sistema de doble vuelta para la elección de gobernador y vicegobernador en el caso de que ninguna de las fórmulas alcance la mayoría absoluta.
Otro eje apunta a una modificación a los fines de "dotar al Poder Judicial de un diseño institucional que garantice su independencia, eficacia, imparcialidad y un fuerte apego a los principios que imponen el sistema democrático". Y además, se pretende incorporar "la autonomía municipal".

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