Una nueva denuncia del Banco Municipal perturbó el clima previo a la feria judicial en los Tribunales provinciales. La presentación ingresó anteayer a la Corte Suprema de Justicia santafesina, y pone la lupa sobre un juez jubilado del Civil y Comercial Nº 1, ante otro posible caso de corrupción con viejos depósitos judiciales, mediante oficios firmados entre julio de 2010 y marzo de 2011. En ese período estaba a cargo del juzgado Jorge Scavone, en actividad hasta diciembre de 2010. Su rúbrica está en la mayoría de los oficios librados, y varios de ellos habilitan el pago de pequeñas sumas de dinero al abogado Luciano García Montaño y al martillero Oscar Kovalevski, imputados por "asociación ilícita y estafa" en la investigación al Juzgado Civil y Comercial 17ª, iniciada en noviembre pasado, tras la primera denuncia de la entidad. En dichos oficios se repite la firma de Ricardo Lavaca, secretario suspendido del Civil 17ª, en aparente suplencia de la secretaría del Civil 1º; mientras que --tras la jubilación de Scavone-- en un oficio de marzo de 2011, está plasmada la firma del cuestionado Alejandro Martín, como subrogante.

Poco más de un mes después del escándalo que generó la primera presentación del Banco Municipal por maniobras irregulares que partían del Civil y Comercial Nº 17, mediante embargos a cuentas de otros juzgados, la causa trajo cola. El miércoles la entidad hizo una nueva presentación en la que da cuenta de una lista con más de 30 oficios librados, muchos de los cuales "no correspondían al protocolo del juzgado", según indicó la fiscal de turno, Graciela Argüelles. En principio, hay 15 oficios que coinciden con copias de expedientes del juzgado; mientras que otros 18 no figuran en expedientes, y podrían ser falsos. Estos últimos habilitaron el cobro al abogado y el martillero investigados penalmente, y a otro martillero que cobró en dos oportunidades.

Tras recibir la denuncia, la fiscalía de turno solicitó informes al juzgado en cuestión sobre los registros en el sistema informático. En menos de una hora, acercaron un listado que reveló la existencia de los expedientes utilizados, a excepción de uno de ellos. Acompañaron la presentación con uno de los expedientes, en el que "está clara la maniobra": se trata de un apremio de la municipalidad, declarado en rebeldía, que tras haber finalizado un remate quedó un remanente, cuyo saldo no fue controlado por un abogado. Ese dinero restante fue "retirado por el martillero Kovalevski con un oficio firmado por Scavone", que no figura en el expediente.

En rigor, varios nombres se repiten en las dos denuncias. Uno de los oficios fue firmado por el suspendido juez Martín, cuando Scavone ya estaba jubilado; mientras que más de una docena de estos fueron firmados por el secretario Lavaca --también separado--, aparentemente, cuando la secretaria de Civil 1º estaba de licencia por maternidad. La mayoría de los oficios para pago a los profesionales fueron librados entre octubre y noviembre de 2010. Y algunos de los beneficiarios son los mismos que en la causa del Civil 17º.

La investigación fue rápidamente acumulada al juzgado de Instrucción Nº 12, ante la similitud en la modalidad de las maniobras, y porque los mencionados están investigados en ese juzgado. Al respecto, el fiscal Carlos Covani destacó que a diferencia de la modalidad de embargos a otros juzgados que realizó el Civil 17º, en este caso, estarían involucradas cuentas del propio Civil 1º.

Al mismo tiempo, señaló que resta saber cuántas de estas operaciones se concretaron. En principio, la suma ascendería a unos 250 mil pesos, ya que hay oficios por cifras desde 500 pesos a 36 mil. También solicitó algunas medidas para contar con la documentación original del banco, saber cuántos oficios se pagaron; y cómo éstos, ante la posibilidad de que sean apócrifos, fueron aceptados.