En una reunión extraordinaria llevada a cabo en el día de ayer, 4 de los 5 directores presentes del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social de Tierra del Fuego (de un total de 6), resolvieron efectuar una nueva denuncia penal contra la gobernadora María Fabiana Ríos, por evasión a los aportes y contribuciones a los trabajadores estatales que mensualmente debe efectuar al organismo, por mal desempeño en las funciones y atentar contra la seguridad social de la Provincia, la que también abarca al ministro de Economía y Hacienda Rubén Bahntje y al tesorero General de Gobierno Cristian Ruiz.

Y en sintonía, también resolvieron solicitarle a la Legislatura el juicio político contra la mandataria, por llevar al Instituto a un régimen deficitario, a partir de cotejarse una deuda acumulada entre lo previsional y lo asistencial de 288 millones de pesos entre los años 2008 y 2009.

Por otro lado, decidieron efectuar a través del Departamento Legal del Instituto, un pedido al Consejo de la Magistratura de jury de enjuiciamiento, contra el Juez en lo Civil y Comercial del distrito judicial sur, Alejandro Fernández, por las causales de haber fallado a favor del IPAUSS en materia de reconocimiento de deuda, pero sin determinar a qué cuentas públicas del Estado debe aplicarse el embargo.

Entre los temas abordados por los miembros, Liliana Martínez, Julio Peralta, Javier Lario y Jorge Vargas Medina y con la sola oposición de Norma Mansilla, decidieron solicitar la Legislatura la modificación del artículo 4º de la ley 641, en materia de conformación del directorio, pidiendo la eliminación de los representantes de los municipios de Río Grande y Ushuaia y que la designación del Presidente, no quede en manos del Poder Ejecutivo, sino que este cargo resulte de la votación interna de los miembros electos por los activos y los pasivos. Toda vez que entienden que en su accionar, el Presidente designado por la Gobernadora a perjudicado al IPAUSS y omitido procedimiento administrativos y legales. Proyecto que sería enviado hoy de manera simultánea al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para su conocimiento.

Por último, también coincidieron en plantear la inconstitucionalidad del artículo 27 de la Ley de Presupuesto 2010 que establece la inembargabilidad de los fondos, valores y demás medios de financiamiento del Estado Provincial, al entender que el mismo va en contra de los genuinos intereses del IPAUSS, frente a la millonaria deuda que mantiene el Poder Ejecutivo con ese organismo.