en un terreno de esta ciudad que, según él, dice ser de su propiedad. Sin embargo los agredidos y familias que ocuparon las tierras el pasado martes, afirmaron que en la Dirección de Inmuebles les informaron que son fiscales.

Martín Báez, de 21 años de edad, albañil, en pareja y con un hijo de meses, fue uno de los agredidos por el supuesto dueño cuando aún no había amanecido el miércoles y la luz natural ni siquiera había iluminado el terreno en disputa, ubicado en el barrio La Merced (al SE del casco céntrico atravesando el río Grande, zona conocida como La Banda) y donde precisamente R. C. el año pasado generó un asentamiento de familias que solicitaban terrenos dónde vivir.

Báez dijo que minutos después de las 7 del miércoles, el agresor se apersonó en el terreno y luego de observar las familias asentadas, tomó en su mano un objeto contundente y se aproximó hacia él increpándolo para que se fuera “porque las tierras eran de él” para luego “golpearme tres veces con el puño”. El agredido dijo que no se defendió “porque él es vocal en Caspalá y no se lo puede tocar”. Posteriormente “tomó a otro muchacho y también lo golpeó diciendo que nos vayamos, que el lugar es de él”.

Luego de lo sucedido el agresor se marchó caminando y reiterando “que nos vayamos y nos amenazó con que nos iba a hacer golpear”, pasadas unas horas “nos enteramos que había ido a la Policía a denunciar que yo lo había golpeado” y “cerca de las 10 volvió nuevamente y se puso a cavar aparentemente con la intención de querer cercar el terreno. Nosotros le dijimos que no se podía hacer excavaciones ni sacar los churquis por orden del Fiscal, pero no hizo caso y continuó haciendo pozos”, prosiguió Báez.

Debido a la oposición de los asentados “se enojó y golpeó a varias mujeres (entre ellas Alejandra Cruz, Berta Cruz y una tercera de nombre Modesta) y como a un muchacho no le gustó lo que hizo, salió en defensa de ellas agrediendo a golpes a R. C.. Después de ésto recién intervinieron los efectivos policiales” no hubo detenidos pero sí denuncias y las familias en asamblea decidieron mantenerse en el terreno hasta confirmar que es del Gobierno para comenzar a construir sus casas.