El propio gobernador había confirmado el festival para febrero. Ayer trascendió la decisión de bajarlo, y desde Prensa ratificaron la versión.
La decisión tiene que ver con motivos económicos y políticos, y es una de las más claras expresiones del impacto que sufrió el Gobierno provincial por los saqueos descontrolados de la semana pasada, tras el acuartelamiento policial. El festival, muy criticado por la oposición, sirvió de vidriera nacional a De la Sota, que por enero de este año todavía mantenía aspiraciones presidenciales que los acontecimientos de los últimos días seguramente lo obligarán a archivar.
Consultado por LA MAÑANA, el titular de la Agencia Córdoba Turismo, Gustavo Santos, cuya cartera tenía a su cargo la organización del evento, dijo anoche que se enteró de la noticia “por Cadena 3”. Dicha radio fue la primera que informó de la suspensión, adjudicándola a una “decisión política” del gobernador. Sobre su continuidad en el cargo que detenta desde 2007, el radical Santos afirmó desde Buenos Aires, donde se encontraba, que “no tiene ninguna noticia en contrario”. Ayer, la página Web del Gobierno de Córdoba no incluyó a Turismo entre las áreas que cambiarán de conducción en el marco de los profundos movimientos de Gabinete lanzados por De la Sota.
La cancelación del Carnaval sorprendió porque la segunda edición ya tenía fecha para el mes de febrero de 2014, y el gobernador había anunciado que se extendería por cuatro días, uno más que en su primera edición. Tan entusiasmado estaba con el festival, que también había prometido la extensión del cuartetódromo (el lugar donde se realiza el festival)
Con todo, la decisión no acalla la polémica por los gastos que insumió la megafiesta, sobre los cuales el gobierno aún no informó en detalle y que terminaron en la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia del Frente Cívico. Según la Provincia, el Carnaval costó casi ocho millones de pesos, de los cuales casi cuatro millones fueron costeados con sponsors, auspiciantes y ventas de entradas, y resto, financiado por el Estado.
Sin embargo, las cuentas de las fuerzas opositoras quedaron muy lejos de la cifra que informó el Gobierno. Según el juecismo, De la Sota gastó más de 30 millones de pesos en un festival que fue televisado en directo para casi todo el país. Según estos cálculos, con ocho millones no se pudieron pagar los tríos eléctricos traídos desde Salvador de Bahía (Brasil), los honorarios de la casi totalidad de los cantantes y grupos cuarteteros que participaron del festival, la logística, armado de escenario, televisación en directo, seguridad, y el sinfín de ítems relacionados con la organización. Lo real es que el evento que De la Sota esperaba imponer en la ciudad de Córdoba, como sello de su gestión, nació con críticas y murió sin certezas sobre cuánto le costó a los cordobeses.


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