Después de la violenta represión de la Policía a aborígenes, crecen en Formosa las críticas al gobernador Gildo Insfrán. Ahora, amplios sectores denunciaron que existe una actitud servil por parte de la Justicia para con el mandatario, generada a partir de "dádivas" que desde el gobierno provincial habrían entregado a los magistrados.

Puntualmente, las acusaciones se refieren a la construcción del edificio del Colegio de Magistrados, que se realiza con dinero del Estado provincial. Esta obra generaría que los jueces eviten fallar en contra del Estado provincial, en causas que directamente involucran a Insfrán.

Las denuncias fueron efectuadas por representantes de la Iglesia, del empresariado y de comerciantes, quienes aseguran que esta situación genera que se nieguen derechos y se obstaculice el debido proceso.

El Obispo José Conejero realizó críticas a la actitud asumida por la actual presidente del Colegio de Magistrados, Vanesa Boonman, y recusó a todos los jueces provinciales.

Lo mismo ocurrió con el empresariado, que aseguró que los jueces solamente fallan a favor de la Provincia. Tanto la Cámara de Supermercados de la Argentina como la Federación Económica y otros representantes de la actividad productiva formoseña expresaron su malestar con la actual situación.

Uno de los empresarios, Carlos Mario Laprovitta, relató: "tengo un juicio contra la Provincia de Formosa desde hace catorce años, que es un muestrario de irregularidades de la Justicia formoseña cuando se debe litigar contra el Estado. Los jueces buscan agradar al Ejecutivo y son obsecuentes.”

En tanto que el Obispado de Formosa presentó ante el Superior Tribunal de Justicia un escrito en el que recusaron a "todos y cada unos de los magistrados y funcionarios" asociados al "Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Formosa" beneficiarios de la obra de ejecución del edificio del colegio, la cual está valuada en más de un millón pesos.

La obra de la sede social de los magistrados y jueces será pagada por el Ejecutivo Provincial. Los fondos salieron del Ministerio de Planificación y se concedieron a través de una licitación privada.

Según explicó el abogado de la Diócesis de Formosa, Pedro Velázquez Ibarra, "se trata en sí de un subsidio que le regala la provincia a la entidad que agrupa gremialmente a los funcionarios y magistrados de la provincia de Formosa, algo que hacía presumir que en el primer caso que surgiera, el abogado de una de las partes, planteara la recusación de todos los magistrados por considerarse que han recibido los jueces y magistrados, a través de la entidad que los representa, una dádiva.”

El abogado agregó: “se adjudicó la obra aún cuando la comisión directiva del Colegio de Magistrados y Funcionarios no había aceptado la ejecución. Tuvieron que hacer una asamblea, donde se puso el tema en la agenda, e incluso en esa asamblea, se concretó la re-reelección de la actual conducción de la entidad, cuando el estatuto no lo permite.”

"En la resolución, dice que son fondos de obra pública, para una obra privada, una entidad privada, lo cual tipifica por confesión el delito de malversación de caudales públicos. La resolución se cumple con fondos del Ministerio de Planificación, y fuente de financiación es el presupuesto general de la administración provincial vigente, es decir, que alegremente confiesan el delito", indicó el abogado.