La intendenta de San José, Mónica Hernández, tendrá que responder en la Justicia por otra causa más por presuntas irregularidades en el uso de las regalías mineras del municipio que administró.

Es que, según trascendió, el fiscal de Santa María, Marcelo González, elevó el viernes otra causa -la octava contra Hernández- por el costo excesivo de un proyecto de inversión de las regalías. Junto con la elevación a juicio, González solicitó la prisión preventiva de la intendenta, cuestión que deberá resolver el juez de control de garantías de Santa María, Julio César Acuña.

En esta causa, a Hernández se la imputó por fraude y malversación de caudales públicos por haber contratado, de forma directa y superando los límites presupuestarios que marca la ley, a la empresa Villa Vil, propiedad de Nora Albertinelli para que elaborara el proyecto de remodelación de la plaza Retamazo, la principal de la localidad de San José. Sólo por el proyecto, Hernández desembolsó 295 mil pesos. También la titular de la firma proyectista, Albertinelli, será enjuiciada en esta causa.

Según pudo saber EL ANCASTI, al contratar la formulación del proyecto en casi 300 mil pesos, Hernández transgredió la ordenanza municipal Nº 28/06, que establece que para inversiones superiores a los 200 mil pesos, la comuna debe realizar una licitación pública. Además, tal contratación directa fue realizada sin contar con la aprobación ni del Tribunal de Cuentas de la Provincia ni del Concejo Deliberante de San José.

La misma empresa Villa Vil, de Albertinelli, habría "vendido" a Hernández otros costosos proyectos de inversión de las regalías mineras, como la adquisición de una báscula electrónica y edificio de seguridad por 46 mil pesos. Esta causa ya fue elevada a juicio por el fiscal, quien entendió que el pago por la formulación del proyecto de inversión era "exorbitante", puesto que las empresas fabricantes ofrecían la báscula en sí misma a precios de entre 22 mil y 99 mil pesos.

Pedidos de prisión

Con este nuevo pedido, Hernández ya acumula dos pedidos de prisión preventiva que debe resolver el juez de control de garantías. El anterior es por una causa elevada a juicio meses atrás. Acuña ya había dispuesto la excarcelación de la intendenta luego de que el fiscal ordenara su detención apenas reasumió en su cargo, en septiembre del año pasado.