Por Vicente PalermoEl decreto 256 del Gobierno constituye un eslabón más de la cadena con la que estamos enrollando nuestras piernas. Desde hace tiempo, la política oficial ha sido la de intentar obstaculizar por distintos medios los esfuerzos de los malvinenses para desarrollar las islas.
Cada día de tozuda insistencia en esa política destructiva equivale a meses de andar por el camino que será necesario para revertirla. La reversión de esa política consta de tres elementos fundamentales.
Primero, asumir que la opinión pública argentina no es malvinera. Muchos porque piensan que las Malvinas son definitivamente irrecuperables, otros por pragmatismo y otros porque privilegian valores poco afines con el territorialismo obcecado, suman una opinión pública abierta a propuestas innovadoras y originales.
Segundo, reducir cualitativa y cuantitativamente el estatus del diferendo, y dejar de supeditar objetivos relevantes y alcanzables al de "recuperar el ejercicio de la soberanía". En la política diplomática deberíamos dar muestras de que nos importa que los isleños sean libres de decidir lo que quieran. Y que mientras tanto lo mejor que podemos hacer es colocar el "conflicto" en el lugar irrelevante que le correspondería, abriendo la posibilidad de cooperación regional. No sería una renuncia formal a derechos, pero sí hacer patente nuestra percepción de que no nos asiste toda la razón en el conflicto.
Tercero, contribuir a instalar en el área un espíritu de cooperación, en arreglo a intereses concretos en diferentes campos: explotación de recursos vivos y energéticos, turismo, comunicaciones, desarrollo científico-tecnológico, política ambiental, etc.
En el tema Malvinas, hay demasiado oportunismo y demasiado silencio. La política oficial es desatinada, pero la oposición, hasta ahora, poco y nada ha hecho para contribuir al desarrollo de un enfoque original.
El autor es investigador principal del Conicet
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