En virtud de las declaraciones aparecidas, referidas a la situación de algunos almacenes respecto a la derogación de la Ordenanza que regulaba la instalación de comercios de este tipo, tomamos contacto con el Secretario de Gobierno y Gabinete, el Lic. Oscar Trujillo, quién al respecto manifestó: "En primer lugar, quiero negar que la reunión mantenida en el pasado mes de diciembre del año 2009, hubiera sido convocada para prorrogar la Ordenanza Nº4403/03. La misma fue solicitada expresamente por cuatro comerciantes, en referencia a la habilitación de un comercio de origen asiático, en proximidades al de uno de los comerciantes presentes, cumpliendo absolutamente lo establecido en la Ordenanza en cuestión. Como el nuevo establecimiento cumplía todas las exigencias de esa norma, fue correctamente habilitado. Si la proximidad de las fiestas de fin de año, tuvo algo que ver con ese encuentro, es otro problema. La aplicación de una normativa municipal no puede hacerse a antojo y medida de un negocio particular".

Además, el Lic. Trujillo agregó: "Con posterioridad a esa reunión, y recogiendo la opinión de distintos especialistas de nuestra gestión, es que decidimos dar por terminada una situación de lo más complicada. Esa Ordenanza fue aprobada en una situación de crisis, y de manera transitoria. Prórrogas mediante, esa situación se prolongó por más de 6 años, colocando al Municipio en una posición de fragilidad jurídica".

¿Pero cuáles son los puntos que se defienden con esta determinación?

Hay algo que debe quedar bien claro, y que es neurálgico en este tema: si existe crisis, los que más la sufren, los que más la pagan, centavo a centavo, son los consumidores. Y no sólo los comerciantes. Por más lícito y honesto que sea el reclamo, el Estado no puede atender a un solo sector, sino que debe tener en cuenta las necesidades de la población en general, especialmente de los sectores más desfavorecidos. Además, y es de público conocimiento, esta medida tuvo como detonante la intención de "frenar" el establecimiento de comercios de origen extranjero, aludiendo competencia desleal por precios muy bajos.

En este caso, el Municipio deberá atender el reclamo de ambos sectores…

Sin duda, de esto se trata, de los intereses de la gente, de nuestros vecinos, sean comerciantes o consumidores. Este es el debate central, el núcleo de la cuestión. Por un lado, quienes defienden los intereses de un sólo sector. Y por otro, el Municipio, que defiende los intereses del vecino común. Sin poner en duda ni la palabra ni la transparencia de quienes reclaman, debemos zanjar este debate con altura y responsabilidad.

Pareciera que la cuestión pasa exclusivamente por el origen de éstos supermercados, los cuales son en su mayoría Chinos. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones en contra de este sector puntualmente?

A los descalificativos que hay vertidos sobre estos sectores de origen asiático, hay que calificarlos de discriminatorios. Hasta se plantea si votan o no, como si el objeto de esta medida fuera meramente electoralista. Habrá políticos que quieran tener posiciones oportunistas frente a esta cuestión. Es hora de que la política deje de buscar posiciones cómodas, hipócritas y ambivalentes.

¿Cuál es la salida política a esta situación?

Nuestro Bloque trabajó en un proyecto que busca remediar los dos problemas más serios que se presentan, por un lado, la precariedad legal de una Ordenanza lesiva de derechos básicos. Por otro, el carácter provisorio de la norma vetada. La propuesta es de lo más democrática: delinear en el nuevo Código de Planeamiento Urbano, la normativa definitiva que regule este tipo de instalaciones. Lo que se trata así es de dar confianza y seguridad jurídica también al comercio local, que no deberá pasar por esta incertidumbre año tras año. Campana necesita resolver este tema de manera definitiva, y no con "parches" legales de dudosa validez constitucional.