Nosotros entendemos que dentro de una lógica de un plan vial estructurado y organizado como corresponde en la provincia de Buenos Aires, es bueno que la autopista La Plata-Buenos -que tiene su trazado casi por completo en el territorio bonaerense- pase a órbita provincial.

Lo que no podemos avalar, concebir, ni estar acompañando es que en ese traspaso esté ni más ni menos que incluida Coviares, una empresa que durante todos estos años ha incumplido con todo lo que tiene que ver con su responsabilidad contractual, que se ha llevado una gran cantidad de dinero y no hizo ninguna obra.

Durante nueve años estuvimos pagando dos tramos de peajes para solamente usar uno, porque en Hudson teníamos que desviarnos para la rotonda de Alpargatas porque el tramo Hudson-La Plata no estaba hecho. Sin embargo pagábamos de igual manera el tramo, es decir que en primer lugar no podemos nosotros estar avalando que sea parte de la concesión una empresa que ha incumplido reiteradamente y lo demuestran los informes de auditorías; y aparte lo comparten las expresiones del ministro Arlía y las autoridades del gobierno de la provincia.

Lo que nosotros le planteamos al ministro es lo que consideramos un esquema adecuado: que la Nación le dé de baja el incumplimiento de contrato con la concesionaria, que le dé las garantías a los acreedores para que paguen parte de lo que debe, y después sí traspasar limpia la autopista para que la provincia la gestione como corresponde.

Y en segundo lugar no votamos porque en el convenio está establecido que la relación comienza de nuevo. Se hace borrón y cuenta nueva, con lo cual a partir de que la provincia tome la concesión, a partir de ahí recién los eventuales incumplimientos de Coviares podrán ser derivados en alguna clausura de contrato. Lo que estamos diciendo es que le perdonan todo a cambio de nada, sin una sola penalidad.

Y después, la forma en que el ministro se expresó en la reunión de lunes pasado estuvo basada nuevamente en el aumento del peaje, en que los fondos los va a administrar la provincia y que con esos fondos además de hacer el mantenimiento se ahorrará para hacer las obras faltantes. O sea que por cuarta vez en la historia de la autopista, los usuarios vuelven a pagar la construcción de la misma. Y esa construcción, como dice el convenio, queda por cinco años en manos de Coviares. Y la verdad que no estamos dispuestos a ser parte de esta nueva estafa a los bonaerenses.

RP.- Además estamos ante un nuevo aumento de la autopista…

Sí, el aumento es inminente porque así lo expresó el ministro y así lo detalló el convenio. Los fondos de expansión para la autopista van a salir del aumento del peaje, la única diferencia es que la provincia garantizará la utilización correcta de esos recursos.

Pero estamos hablando del dinero de los usuarios. Otra vez las obras las hace una empresa a la que el gobierno de la provincia -en el plan económico financiero que presenta- le garantiza también un retorno del diez por ciento y el pago de las deudas que la empresa tiene. Es decir que la empresa ya gozó de todos los beneficios de su fiesta y ahora cuando tienen que pagar sus deudas los va a administrar la provincia, pero con fondos que salen del bolsillo de los usuarios.

RP.- ¿Por qué consideran que la provincia no llama a licitación y mantiene a la empresa Coviares?

Yo creo que se debe al histórico vínculo que tiene la empresa Coviares con el kirchnerismo, porque en el año 2005 la empresa Coviares fue financista de la campaña de Cristina Fernández a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, y creo que en todo este tiempo se generaron lazos con el tristemente célebre Claudio Uberti -a cargo del órgano de control de concesiones viales- y con Julio De Vido, estableciendo un vínculo de protección para la empresa que tiene una buena relación con el gobierno nacional.

Es cierto que si el gobierno de la provincia toma tal cual está el convenio, como faltan cinco años todavía, no queda más remedio que el convenio sea tomado por el concesionario actual.

Lo que llama la atención es que si estamos hablando de un traspaso de concesión, son dos partes: la Nación y la provincia. Entonces no es que sólo hay que hacer lo que Nación dice, sino que la provincia puede establecer sus términos para ese traspaso, sobre todo cuando le saca un problema de encima a la Nación, como ha pasado con el caso de los subtes en la ciudad de Buenos Aires.

Por eso es que no vamos a estar votando un resultado de la relación Nación - provincia que es similar a agarra esto y cállate la boca.