El ministro de Bienestar Social de La Pampa, Raúl Ortiz, regresó ayer a esta ciudad luego de su anterior visita días atrás y analizó las declaraciones del presidente del Tribunal de Cuentas, José Sappa, las cuales dijo no entender y consideró desacertadas. Además, sostuvo que dentro de su área todo está dentro de la ley, que seguirán pagando a monotributistas que realizan tareas específicas, que no son empleados en negro, y opinó que no existe relación de dependencia, por lo que no deben ser contratados. También se refirió al índice de desocupación dado a conocer por el vernismo el año pasado, sobre el cual sembró dudas y manifestó que no comparte, ya que si fuera así “estaríamos en un estallido social”.

El ministro brindó en la mañana de ayer una conferencia de prensa en la sala de conferencias del primer piso del edificio MEDANO, junto a todo su gabinete y funcionarios municipales, encabezados por el intendente interino, José Osmar García.

En primer término Ortiz informó que el motivo de la visita era completar el recorrido por los diferentes lugares de Pico donde se desarrollan las colonias de vacaciones públicas “Pro-Vida” y además para reunirse con sus pares piquenses para coordinar “acciones vitales”.

Posteriormente, ante la consulta de una colega sobre las declaraciones de Sappa, el funcionario provincial manifestó estar sorprendido por las mismas y consideró que “fueron un poco confusas, primero dijo una cosa y después como que dijo otra”.

Contó que cuando asumió en su cargo, hace aproximadamente 100 días, mantuvo una reunión con representantes de organismos no pertenecientes al Poder Ejecutivo, como la Contaduría General de la Provincia, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y el propio Tribunal de Cuentas. El ministro dijo que en el cónclave “en ningún momento nos hizo -Sappa- ese planteo que hizo en los medios”.

Extraño

Posteriormente se refirió a los monotributistas que facturan al Ministerio de Bienestar Social y al pago de sus servicios con dinero de subsidios. “Lo que sí tenemos en claro, que después él mismo lo reconoce, es que nosotros lo que tenemos es un trabajo con fundaciones, pero no es un capricho, la ley nos obliga a que trabajemos con ONG. Si ustedes leen la Ley Nacional de Niñez, la 26.061, en el artículo 4º, o leen la 2.703, que es la Ley Provincial sobre Niñez y Adolescencia, dicen que debemos potenciar el vínculo con las ONG”.

“Si vamos más allá, y ya esto es una cuestión constitucional, las ONG rinden cuentas precisamente en el Tribunal de Cuentas, o sea que el responsable de saber si hay algún acto que está o no está fuera de la norma es precisamente el Tribunal de Cuentas. Todas las fundaciones, excepto una que tuvo alguna dificultad en Santa Rosa, van y rinden cuentas y no hay ningún tipo de observación, por eso es medio extraño”, opinó Ortiz.

El ministro manifestó que ahora esperará a ver qué es lo que hace José Sappa, si se comunica con su área o si sale a aclarar sus dichos. Le aclaró a una cronista de otro medio, con un ejemplo cotidiano, que por sentido común el hecho de que alguien le facture al Estado no lo convierte en un trabajador del mismo y por ende no está obligado el Estado a incorporarlo a su planta.

Remarcó que en el MBS están “dentro del marco de la legalidad” y por ello seguirán “trabajando e incluso haciendo contratos desde el Estado, porque la ley nos exige que tenemos que trabajar con ONG, no es un capricho de nadie”. Y aclaró: “En ningún momento se puede hablar de trabajo en negro, porque es un monotributista, está controlado”.

Ya más ofuscado, Raúl Ortiz afirmó irónicamente “la verdad que no la entendí a la nota, si después me la pueden explicar, porque sinceramente no la entendí”. Y disparó: “Es un tema que pasó intrascendente y que no lo vamos a tener en cuenta, a no ser que cambie alguna disposición”.

Desocupación

El ministro de Bienestar Social continuó con su defensa de las decisiones y opiniones del Gobierno Provincial cuando fue consultado por el índice de desocupación que fue dado a conocer por el senador Carlos Verna en 2013, el cual afirmó que, según supuestos relevamientos de una consultora, alcanzaba el 21%.

“Nosotros si hay algo que nos preocupa es el tema de la desocupación, lo que sí y ya lo planteé en el municipio de Pico es que sinceramente yo dudo de ese número”, manifestó.

“Si hablamos de que General Pico tiene una población de 70.000 habitantes, hablar de 7.500 desocupados, a un promedio de cuatro o cinco personas por grupo familiar, estamos hablando de que 30.000 personas hoy no tendrían ningún tipo de cobertura, ni siquiera para comer, al no tener trabajo”, analizó.

“Yo miro las estadísticas de Pico donde de 3.200 tarjetas alimentarias se están utilizando 2.900, o sea que estamos teniendo casi un cupo de 300 tarjetas alimentarias que no están siendo utilizadas”, contó y volvió a decir que “por lo menos me permito dudar y creo que por ahí las consultoras muchas veces se equivocan”.

Admitió que “sí es verdad que muchas veces la gente quiere mejorar su trabajo” y “por eso está registrada en una bolsa de trabajo, pero creo que la situación, a mi manera de ver, si tuviéramos hoy el 20 % de desocupación, estamos hablando del 40 % de la población de Pico en una situación que no tendrían ni siquiera para comer”, por lo que “si estuviera así Pico estaríamos en un estallido social”.

El funcionario evitó confrontar con sus pares locales diciendo que respeta “la visión del municipio”, pero aclaró que como integrante del Gobierno Provincial “no la comparto”.

Posteriormente el ministro se refirió a las diferentes acciones, a través de programas de diferentes aéreas provinciales, que llevan adelante para tratar de combatir la desocupación, la cual consideró nunca llegará a dejar de existir.

“Yo creo que no estamos en 2001”, comparó y afirmó que estamos “lejísimo de esa realidad”.

Ortiz aprovechó la ocasión para resaltar las diferencias con la capital provincial con respecto a la problemática, basándose en las controvertidas estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.

“Muchos dudan del índice del INDEC, yo lo que te puedo decir es que para el ejido Santa Rosa-Toay es el más bajo del país. Imaginemos que sea más, que esté equivocado en un 10 o un 20 por ciento, seguimos siendo el más bajo de la República Argentina”.

Pro-Vida y clubes

Ya más distendido, Raúl Ortiz destacó la constante presencia de los integrantes de su gabinete en los poblados del interior desde que asumió. A modo de ejemplo, dijo que en Pico ya concretaron cuatro visitas con el gabinete completo, mientras que todas las semanas funcionarios se hacen presentes en la ciudad norteña. En tal sentido elogió la voluntad y la predisposición para el trabajo de sus dependientes.