Los incrementos “no tienen ningún sustento legal ni fundamento técnico, económico o financiero, por lo que se entiende que es una decisión política y por ello que se recurre a su investidura como responsable principal de la empresa Agua de los Andes y de la SUSEPU , quienes resolvieron dichos incrementos”, expresó la organización.

Además estimó que los nuevos valores en el caso de la Renta Fija, o sea los consumos sin medidor, “no fueron debatidos ni expuestos por nadie en la ultima audiencia publica llevada a cabo para tratar el tema tarifario”.

También señaló que “la imposición es excesiva e injustificada y además resulta sin lugar a dudas una desigualdad de trato con respecto a los que tienen consumo medido y ésta discriminación esta vedada por la ley y la Constitución. Si se pretende de esta forma obligar a los usuarios de la provincia a que coloquen medidores, este no es el procedimiento licito y razonable por cuanto se manifiesta un acto de coacción que bajo de ningún tipo de vista se puede originar desde el Estado”, resaltó.

“Antes de obligar a la instalación de los medidores –subrayó el CODECUC- es necesario un serio y amplio tratamiento sobre el tema por que existen muchos aspectos y situaciones que se deben tener en cuenta relacionados a la estructura habitacional, edilicia, de instalaciones, económicas, de tiempo, etc. que corresponde a la parte del usuario, pero también hay que tratar el tema de todo lo relacionado a la estructura, funcionamiento administración, gastos, costo del agua potable, rentabilidad y administración, etc. entre otros tantos aspectos que corresponde a Agua de los Andes, empresa que no está cumpliendo con los cometidos por lo que fue creada y hay excesivos gastos innecesarios que no se pueden transferir injustamente a los usuarios. La empresa es del Estado y no debe imponer tarifas y/o procedimientos que resulten un desmedido negocio que afecte a la población”.

Como caso testigo, la institución le presentó al gobernador copia de una factura de un usuario que pagaba anteriormente 56 pesos y ahora se le impone 312 pesos. “Es inaceptable que se facture y cobre por un consumo presunto como lo expresa la factura”, advirtió.

La solicitud tiene carácter de urgente por lo que se solicitó una “resolución favorable con la mayor celeridad en razón de que las facturas están a vencer y están unificadas con el servicio de energía eléctrica. Por este motivo correspondería que se ordene a EJESA desglosar la factura o re-facturar con el importe anterior”, indicó.

También anunció el consejo que solicitará una audiencia con legisladores provinciales de diferentes bloques para ampliar aspectos que se consideran de real importancia como ser la eliminación de los cuadros tarifarios en lo que respecta a las facturaciones con mayores precios del m3 o kwh cuando tienen más consumos. “Este sistema aplicado –añadió- es sin lugar a dudas inconstitucional e ilegal por cuanto no tiene ningún sustento legal, técnico ni económico. Discrimina a los diferentes usuarios y los trata de diferente manera. En definitiva, existen muchos aspectos que se deben debatir y la solución no pasa solo por poner medidores con la excusa de que los usuarios cometen derroche del agua”.