La organización no gubernamental «Protección del Río Paraná» emitió un comunicado de prensa criticando el “acuerdo” que, según dicen, habrían alcanzado funcionarios judiciales y representantes de Atanor en el marco de la investigación referente al supuesto enterramiento de desechos contaminantes en el predio en que opera la empresa química. Por su parte, el Dr. Darío Giagnorio defendió la decisión de la Fiscalía y explicó que “no se trata de un acuerdo, sino de la imposición de una resolución tras corroborarse posibles situaciones de impacto ambiental”.

Según explicó a EL NORTE Walter Ibarra, presidente de la organización ambiental (ex trabajador de Atanor y testigo que declaró en el marco de la causa), el “entendimiento” que critican llevaría las firmas de los Dres. Héctor Tanús (fiscal general departamental) y Darío Giagnorio (titular de la UFI Nº6), por un lado, y de los Dres. Juan Carlos Marchetti, José Capriotti y Marcos Andrin, apoderados de la empresa Atanor.

“La empresa denunciada se comprometió a realizar un estudio de riesgo integral [...]. Asimismo, y por el mismo documento y en forma subsidiaria, se comprometió a hacerse cargo de «el plan de remediación que resulte necesario». La misma empresa denunciada está facultada a contratar al personal, empresas o laboratorios que considere idóneos, todo a su cargo. Y se compromete también a efectuar dicho estudio en un plazo de 48 meses”, explicó el comunicado de «Protección del Río Paraná».

Ante el “acuerdo” así descripto, Ibarra indicó que “no sólo no hemos sido partícipes de esta decisión, sino que la atacamos formalmente por ser contraria al interés del bien común como elemento tutelado, no sólo por la extensión de los plazos sino, y fundamentalmente, porque no se puede avalar que sea el denunciado quien quede a cargo de la investigación de los propios hechos que se le imputan”.

Fiscalía

Por su parte, el titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº6 del Departamento Judicial San Nicolás, el Dr. Darío Giagnorio, enfatizó que “no se trató de un acuerdo”, ya que “la Justicia no hace acuerdos, sino que llega a resoluciones”, e indicó que en este caso lo que llegó a firmarse es el documento resultante de un “sistema de resolución alternativa de conflictos”.

El fiscal recordó que en el predio en que opera Atanor se habían desarrollado estudios periciales y explicó que los informes preliminares -no definitivos- indican que no existiría contaminación de las napas, aunque sí “posibles situaciones de impacto ambiental sobre el suelo”.

En este sentido, comentó que “por eso son necesarias más pericias” y subrayó que “lo que hemos hecho es cargar a la empresa el costo de tales procedimientos”.