La Justicia ordenó este martes a la tarde la prisión domiciliaria de Marcos Fernández, el puntero del PJ que el año que viene irá a juicio por el abuso de su hijastra.
La prisión domiciliaria la dictó el juez Eduardo Olmos, aunque el fiscal Carlos Ordás había reclamado directamente la prisión preventiva. El magistrado no la consideró necesaria.
Pese a la resolución judicial, a los pocos minutos de haber sido notificado de su situación, a Fernández se lo detectó haciendo vida normal: pasó incluso cerca de los funcionarios judiciales, estuvo en un par de comercios (compró unas facturas en un local de la avenida Uruguay) y se subió a una moto, se lo vio hablando por teléfono y fumando, todo en la vía pública, sin ningún tipo de control ni custodia.
Fuentes judiciales indicaron que lo normal, en estos casos, sería que el acusado sea llevado hasta su domicilio por la fuerza pública, para empezar los controles.
Fernández fijó como punto de residencia la casa 12 de la calle Sergio López, casi Schmidt. Si Fernández llega a incumplir la medida podría dictarse la preventiva y quedar detenido.
El encuentro en que se comunicó formalmente la decisión es una “audiencia de medida de coerción”.
El dictamen perdurará hasta que se realice el juicio, cuya fecha también fue modificada: previsto para el 4, 5, 6 y 7 de febrero -luego de varios retardos- fue postergado para el 20 de ese mismo mes, a raíz de una avisada ausencia del abogado defensor de Fernández, que es Marcos Paz.
Fernández es empleado de la Municipalidad de Santa Rosa. Su hijastra, de 23 años, lo denunció el 4 de junio de 2011 por hechos ocurridos de manera permanente durante los años previos.
En los autos de la elevación a juicio, la jueza de Audiencia Laura Armagno dio por acreditado que Fernández abusó de su hija “desde los 12 a los 18 años de edad”.
El acusado se desempeña en Adultos Mayores como “coordinador” de los Cumelén de la comuna santarroseña. Antes trabajó en el Concejo Deliberante durante el año 2002 y después pasó al menos por dos comedores municipales.
Aunque no es el padre biológico de la joven, Fernández la reconoció como tal y le dio su apellido a los once años, sin necesidad de someterse a ningún análisis de ADN.
La nueva decisión judicial es consecuencia de la presión que significa para el Poder Judicial la exposición pública del caso. Pero también de la denuncia que se formuló días atrás, por amenazas.
La víctima aseguró ante la Comisaría de la Mujer que Fernández rompió las restricciones de acercamiento y que hasta intentó agredirla en un supermercado: “Estaba con otra mujer, me arrinconaron y me quisieron pegar”, contó la joven a El Diario. También dijo que “empezó a tomarse el colectivo con mis hermanos, va al colegio y los vecinos de mi mamá dicen que está dando vueltas por la manzana”.
“Nunca dejó de hostigar a mis hermanos. Les dice que tal familiar estuvo con tal otro, como si las relaciones intrafamiliares fueran normales. Tiene dos restricciones de acercamiento y no respeta ninguna”, advirtió entonces.
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