Policías autoacuartelados tomaron el edificio de Puente Blanco. La revuelta motivó la renuncia del jefe de la fuerza, Miguel Ubieta. Papaño quedó a cargo. Anoche seguían las tratativas.
Después de un dictamen que le elevó la fiscal Sonia Fernández, quien recorrió el edificio ayer al mediodía, el magistrado consideró que había fundamentos suficientes para disponer que la Jefatura fuera evacuada, para que la fuerza de seguridad recuperara el control de las dependencias.
En el edificio de Ciudad del Rosario y Riobamba funciona, por caso, el servicio de emergencias 911, que ayer a la madrugada fue intervenido por los manifestantes. De ese modo “bloquearon a la comunidad los sistemas de seguridad, salud y San Luis Solidario”, afirmó por la mañana el ministro de Relaciones Institucionales y Seguridad, Martín Olivero.
La caída de la Jefatura Central en manos de los manifestantes motivó que el gobernador Claudio Poggi le pidiera la renuncia al jefe de Policía, comisario general (RE) Miguel Ángel Ubieta. En su reemplazo, en forma interina quedó a cargo de la fuerza el subjefe, comisario Oscar Papaño.
Con la esperanza de ponerle fin a la protesta a través del diálogo, Papaño mantuvo reuniones con el representante legal de los efectivos autoacuartelados, el abogado y comisario retirado Enrique Alejandro Miranda.
Hasta anoche, esas gestiones no habían prosperado: la Jefatura seguía tomada y se desoía la orden de desalojo del juez.
El gobierno provincial vinculó al kirchnerismo de San Luis con la revuelta. En un comunicado emitido ayer a la mañana, el ministro de Seguridad señaló que la toma del edificio a la madrugada “fue encabezada por dos ex policías: uno, de apellido López y otro de apellido Carrasco, familiar de Alejandro Miranda, abogado asesor de los policías y dirigente del kirchnerismo local”.
“Un grupo de aproximadamente cincuenta personas, mayoritariamente encapuchadas, entre ellos, quince o veinte policías que han sido separados de la fuerza por razones disciplinarias, ingresaron violentamente con armas y palos”, expresó el funcionario. Sostuvo que rompieron vidrios y parte del mobiliario y arrojaron pirotecnia y piedras para intimidar a los policías y civiles que estaban dentro del edificio.
La toma fue una reacción ante el anuncio hecho el lunes por el ministro de que habían resuelto dar de baja a los auxiliares y sumariar a los oficiales y suboficiales que habían iniciado la protesta en Villa Mercedes.
La tensión duró todo el día, sobre todo porque se conjeturaba que de un momento a otro alguien daría la instrucción de ejecutar la orden del juez de desalojar por la fuerza las instalaciones.
En ese contexto, por orden de la supervisión educativa el Centro Educativo Nº 8 “Lucio Lucero”, contiguo al edificio policial, suspendió las clases del turno tarde.
Pero el juez había indicado en su resolución que antes de evacuar a los manifestantes por la fuerza, agotarán las instancias de diálogo.
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