SALTA.- En un fallo firmado por los jueces Ángel Longarte, Bernardo Ruiz y Carolina Snagudolce, la Sala II del Tribunal de Juicio de Salta resolvió rechazar las recusaciones planteadas por la defensa de dos de los acusados por el caso del hangar y en su defecto ordenó que la tramitación previa a juicio del hecho siga adelante.

De esta manera, la jueza María Victoria Montoya Quiroga, ahora titular de la vocalía 2 de esa sala, podrá seguir con el período de prueba hasta el momento de la fijación de audiencia de debate, momento en que recién el caso deberá esperar a que se resuelva un litigio de competencia que se encuentra aún en la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Como se sabe, el caso denominado "el hangar” tiene como principales acusados al ex gobernador, Juan Carlos Romero y a su hijo, Juan Esteban Romero, acusados de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude.

También están acusados en esta causa el ex director de Aviación Civil, Ricardo Funes y el ex secretario General de la Gobernación, Raúl Romeo Medina, quienes, a través de sus defensores, César Neri y Carlos Saravia, interpusieron sendos planteos de recusación contra la magistrada, según consigna Nuevo Diario.

Convalidación

Montoya Quiroga, quien asumió como vocal 2 hace menos de dos meses, había decidido convalidar la decisión tomada por el juez subrogante de ese cargo, Ignacio Colombo Murúa, quien al recibir esta causa resolvió llevar adelante los pasos previos al juicio. Esta decisión, en abril pasado, generó gran preocupación en el ex gobernador, quien a través de su diario atacó mediáticamente al juez por haber osado darle trámite de juicio a la causa, incluso abrió grietas dentro de la misma sala de juicio.

En esta causa, Romero y compañía están acusados de haber realizado maniobras ilegales con el fin de apropiarse de un hangar de Aviación Civil, objetivo que Romero logró gracias a la complicidad de Funes y Medina, quienes avalaron la cesión del predio a la firma Finca La Represa SA, presidida por Juan Esteban Romero.

Esta cesión se concretó a menos de un mes de que Romero dejara el gobierno, en diciembre de 2007. Posteriormente, en el año 2012, el caso salió a luz y la Fiscalía de Delitos Económicos Complejo comenzó a investigar a Romero.

En noviembre de 2013, el ex fiscal Akemeier elevó la causa a juicio, hecho que llevó a la defensa de Romero a plantear la competencia de la justicia federal, en particular del juez federal 2, Miguel Medina, cuya amistad con el ex gobernador es ampliamente conocida.

En febrero de 2014, Medina actuó en consecuencia y reclamó la causa para su juzgado, lo que generó que la diferencia entre la justicia provincial y federal sea girada a la Corte Suprema de la Nación para que se decida que fuero debe quedarse con la causa.

Esto, sin embargo, no impide que la causa siga su trámite, siendo lo que hizo el juez Colombo Murúa y lo que la actual titular de esa vocalía, Montoya Quiroga, pretendió hacer, aunque no pudo avanzar debido a las recusaciones dilatorias interpuestas por los abogados Neri y Saravia, consigna Nuevo Diario.

El 2 de setiembre pasado, los jueces de esa sala resolvieron rechazar por dilatorias las recusaciones de ambos letrados, calificando en duros términos los endebles e inconsistentes argumentos de los letrados, de quienes ahora se espera sigan con las presentaciones en busca de evitar a toda costa el avance de esa causa, tal como lo ordenó Romero, quien corre riesgo de perder sus fueros como senador nacional, casualmente, por este hecho.