La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal de Tucumán, ante la hipótesis de una supuesta vinculación entre el crimen de Myrtha Raia y la megacausa “Arsenales II- Jefatura II”
Los nombres de ambas mujeres figuran en la larga lista de testigos que fueron convocados para tratar de reconstruir, con su relato, la verdad sobre 236 víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestra provincia durante la última dictadura militar.
Raia, quien tenía 84 años, falleció el lunes debido a las graves heridas que había sufrido tras ser salvajemente golpeada el sábado a la madrugada por un presunto ladrón, que ingresó a su casa del barrio Jardín, en la Capital provincial.
Si bien la principal hipótesis sobre la que trabajan los investigadores apunta al móvil del intento de robo, llamó la atención el hecho de que el perpetrador del ataque no se haya llevado dinero que había en una cartera y varios objetos de valor que poseía la anciana en su domicilio. También generó desconcierto entre los peritos el ensañamiento con el que actuó el delincuente, quien atacó a la víctima a golpes de puño en el rostro y golpeó su cabeza contra el respaldo de la cama reiteradas veces, hasta dejarla casi muerta.
Estos elementos terminaron abonando la teoría de una posible vinculación entre el asesinato y la megacausa por delitos contra los derechos humanos que se realiza en Tucumán y que proseguirá la próxima semana, tras la feria judicial de enero, y tiene como acusados a militares, ex policías y civiles.
El presidente del Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF), Gabriel Eduardo Casas, firmó ayer una resolución ordenando a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que instale un servicio de custodia personal móvil, por el término de 20 días, para resguardar la integridad física de Ponce.
La medida adoptada por el magistrado surgió tras una presentación efectuada por el coordinador del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan Guillermo Valera Laterrade, quien reclamó protección para la hija de Raia, teniendo en cuenta su carácter de testigo en la causa.
En su resolución, Casas dispuso, además, que se dé intervención al Programa de Protección de Testigos e Imputados, que dirige Darío Díaz.
Finalmente, el titular del TOF requirió que personal del Programa Verdad y Justicia "efectúe un informe periódico sobre la situación de Ponce" y respecto "al avance de la causa respecto al homicidio de la Sra. Raia, para disponer lo pertinente en relación a esta resolución".
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