Luego del informe del Consejo de la Magistratura que acusó a los fiscales de la ciudad petrolera “poco compromiso y poca vocación”, Porras confirmó que se les pidió “control y adecuación”. Admitió la falta de lugares de detención y criticó los proyectos de baja de la edad de imputabilidad.
Por otra parte, Porras Hernández reconoció que la ciudad petrolera en particular “es una ciudad donde la demanda del servicio ha superado todas las estructuras existentes”. El magistrado también se refirió a que no hay un discurso garantista, pero admitió que “en los últimos tiempos tuvo mayor amplificación un discurso proimputado en desmedro de una visión equilibrada que contemple el derecho de las víctimas”.
No se manifestó de acuerdo con la baja de imputabilidad de los menores, pero señaló que nuestro país “está en deuda, incluso incumpliendo compromisos internacionales, en cuanto a su mora en sancionar el Código de Responsabilidad Juvenil”. Sostuvo que “la implementación de juicios por jurados culminaría el proceso de reforma iniciado en la provincia en dirección a consolidar el sistema penal acusatorio”.
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