Según se denunció, la ración de alimentos diaria por preso debe ser de360 gramosy actualmente sería de 250. La decisión fue notificada también al Servicio Penitenciario Bonaerense, a la Corte bonaerense y a la Comisión Provincial por la Memoria.

La resolución del juez de Mario Juliano del Tribunal N° 1 de Necochea, dispone “requerir al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que de modo muy urgente se atienda la provisión de medicamentos, insumos hospitalarios y alimentos destinados a la población penitenciaria de las Unidades Penales 15 y 44, dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense”.

Según dejó a la vista el magistrado en su intimación a la cartera gestionada por Ricardo Casal, “las personas detenidas y alojadas en estas cárceles se encuentran desprovistas de alimentación suficiente y de medicamentos y elementos básicos para la adecuada atención de su salud”.

“El Estado, al privar de su libertad a una persona, asume una especial responsabilidad con ineludibles deberes de respeto y garantía de los derechos de los detenidos”, dijo Juliano, y luego entendió: “En modo alguno puede admitirse y justificarse por inacción que el encierro se traduzca en una lacerante restricción de derechos elementales de los reclusos que pueden y deben ser naturalmente satisfechos”.

El fallo llegó tras la presentación de los defensores oficiales Mario Coriolano, Cecilia Boeri y Fabiana Danti, quienes habían señalado la “aguda crisis alimentaria y sanitaria que se vive en ese Complejo Penitenciario”.