La Corte de Justicia de Salta hizo lugar a un pedido del asesor de Incapaces de Tartagal, Juan José Andreu, a fin que se trasplante a un niño toba que sufre de cáncer de hígado.
La familia representados por un abogado, mantuvieron su oposición por temor a los cambios en cuanto a la calidad de vida debían mantener dentro de su situación de extrema pobreza, también se fundamentó la postura negativa por motivos propios de su cultura y religión, manifestando su deseo de mantenerlo junto a la familia.
En ese contexto Andreu presentó una apelación ante la Corte de Justicia de Salta por protección de persona, pronunciándose en favor de la vida, considerando que el hecho de ser miembro de una tribu aborigen no impide a que se protejan los derechos de este niño, salvaguardando el respeto de las pautas culturales y religiosas.
El niño de seis años sufre de una grave afección en el hígado (hepatoblastoma no metastático en la casi totalidad del órgano) que le fue diagnosticada a finales del año pasado y que requería, según los profesionales del Hospital Materno Infantil de Salta y los del Hospital Garrahan de Buenos Aires, un tratamiento quimioterapéutico y posterior transplante.
El problema se suscitó cuando los padres del niño decidieron interrumpir el tratamiento, en el mes de marzo del corriente año, oponiéndose a la posibilidad de transplante por temor a los resultados que éste pudiera tener en la calidad de vida de su hijo, teniendo en cuenta el estado de extrema pobreza en la que vive la familia, y por motivos propios de su cultura y religión, manifestando su deseo de mantenerlo junto a la familia.
El fallo de la corte por tanto autorizó al equipo médico a asistirlo con todas las medidas terapéuticas y técnicas, incluida la derivación al Hospital Garrahan.
Los padres rechazaban la posibilidad de la operación y del tratamiento médico, por lo que los médicos del hospital pusieron en conocimiento del Ministerio Público lo que estaba ocurriendo, ante lo que el titular de la Asesoría de Menores e Incapaces del Distrito Norte peticionó una medida judicial de protección de persona, a la que la jueza de Personas y Familia hizo lugar.
La magistrada consideró al hacer lugar al pedido del asesor que el hecho de ser miembro de una tribu aborigen no impide que no se protejan los derechos del pequeño.
Es de hacer notar que, según consta en el expediente judicial, desde distintas dependencias gubernamentales, en particular los Ministerios de Desarrollo Humano y de Justicia, se formuló el compromiso a seguir acompañando y asistiendo a la familia con ropa, elementos de higiene, trámites de pasaje y hospedaje, mercadería, etc., a fin de posibilitar que se lleven a cabo los tratamientos médicos prescriptos.
El pequeño, que actualmente se encuentra en la zona norte de la Provincia, espera una ejecución de sentencia, la que se podrá conocer en los próximos días.
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