Un pequeño pueblo de Río Negro encendió las alarmas del Gobierno Nacional y amenazaba con frenar el principal proyecto energético y quizá el máximo proveedor de divisas para el Estado. En diciembre del año pasado, el Concejo Deliberante de la ciudad rionegrina de Cinco Saltos aprobó por unanimidad la ordenanza que prohibía el “fracking”, o sea la exploración y explotación no convencional de gas y petróleo, principal recurso del yacimiento de Vaca Muerta que .

Sin embargo, por presiones del Gobierno nacional y provincial, la intendenta de la localidad, Liliana Alvarado, vetó la norma aduciendo que los concejales se tomaron atribuciones que no les corresponde ya que los recursos petroleros son de la nación y las provincias. De todos modos, los ediles y las organizaciones resisten y aseguran que el veto está fuera de la ley.

La explotación del petróleo y gas no convencionales requiere de un procedimiento mucho más costoso que el habitual pero también muy contaminante. De hecho, su práctica está prohibida en algunos estados de Estados Unidos y también en Francia y Bulgaria.

Para el fracking o fractura hidráulica, se inyecta agua, arena y componentes químicos a alta presión para fracturar la roca madre y poder extraer los hidrocarburos. Según estudios, en cada pozo se realizan cerca de 15 fracturas con un uso del agua de 20.000 metros cúbicos con el agregado de unas 400 toneladas de productos químicos diluidos.

Por eso, los vecinos y organizaciones ambientalistas de Cinco Saltos elaboraron la ordenanza para frenar el fracking, que fue aprobada por unanimidad el 26 de diciembre del año pasado. Otras ciudades también estudian normas similares.

Pero, por presión del Gobierno nacional, la intendenta Alvarado, del Frente Grande, decidió vetar la normativa en la segunda semana de febrero. Según señaló a medios locales, “vimos con absoluta claridad que el Concejo estaba prohibiendo sobre materias que le son ajenas”.

“Comparamos lo existente en de Neuquén, acá mismo en Río Negro y decidimos adherir a la política del gobierno nacional que inauguró este camino del desarrollo de la explotación no convencional. No es abrir a las petroleras a que hagan lo que crean discrecionalmente sino exigir las medidas necesarias para la explotación de hidrocarburos en el marco de un desarrollo sustentable”, recalcó Alvarado.

La jefa comunal fue respaldada por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, que emitió un comunicado en el que señala que “la Constitución Nacional otorga al Estado Nacional la atribución de fijar la política en materia de hidrocarburos” (artículo 75, incisos 12, 18 y 19) y en este marco, “resulta pertinente destacar que conforme a la Constitución Nacional y Provincial los recursos naturales son de dominio originario de la Provincia”.

Además, recordó que la Constitución rionegrina señala que “los yacimientos y minas son propiedad de la Provincia” y que en su artículo 79 indica que “los yacimientos de gas, petróleo y minerales nucleares existentes en el territorio provincial y en la plataforma marítima son bienes del dominio público provincial”.

“La Provincia de Río Negro cuenta con un plexo normativo vigente y aplicable a todo proyecto hidrocarburífero (convencionales y no convencionales) que comprende las cuestiones de índole técnicas propiamente dichas de la actividad y las ambientales derivadas de la misma”, indicó y recalcó que la ordenanza en cuestión “interfiere en las atribuciones constitucionales exclusivas del Estado Nacional respecto de la Política Energética e Hidrocarburífera, así como del Estado Provincial, titular de los recursos naturales existentes en la Provincia y en su calidad de Poder Concedente de las áreas hidrocarburíferas”.

Para que no queden dudas, el senador Miguel Pichetto también respaldó a Alvarado

“Veto extemporáneo”

De todos modos, para los concejales de la oposición de Cinco Saltos la ordenanza sigue en pie ya que el veto es “extemporáneo”, según dicen. Sucede que la norma fue aprobada el 26 de diciembre de 2012 pero el veto llegó el 14 de febrero de este año. Una vez aprobada una ordenanza el Ejecutivo tiene 10 días para vetar pero según Alvarado ese plazo comenzó a correr el 3 de febrero debido a un receso administrativo.

El edil del Partido Comunista y autor de la ordenanza, José Chandía, insistió a La Política Online con que rechazarán el veto. “Para nosotros es una nota con solicitud de veto extemporánea, la Carta Orgánica da 10 días para vetar y si no hay una promulgación tácita. Esos 10 días se excedieron, la intendenta no puede extender los plazos”, recalcó.