En sesión extraordinaria, los distintos bloques del Concejo Deliberante decidirán hoy si acompañan o no con su firma la decisión tomada por el intendente Gustavo Bevilacqua de decretar la caducidad del contrato de concesión a las empresas Plaza y Mayo, aunque gran parte de la oposición ya adelantó su postura en contra.

De todas maneras, hasta la tarde ayer los ediles que no pertenecen al oficialismo analizaban los considerandos del decreto dado a conocer por el jefe comunal el miércoles pasado, así como los alcances y posibilidades del contrato de concesión firmado con las compañías que, desde 2008, tienen a cargo 12 de las 16 líneas de ómnibus urbanos de nuestro medio.

Carlos Moreno Salas, presidente del Concejo, anticipó a "La Nueva Provincia" que, de acuerdo con reuniones informales que mantuvo con representantes de las distintas bancadas, el decreto sólo sería refrendado por el oficialismo, mientras que las otras fuerzas políticas asumirían posturas variables.

Esto generó malestar en Moreno Salas, quien considera que la decisión del intendente refleja, en gran medida, el pedido que hace tiempo viene manifestando el cuerpo deliberativo.

"Desde este lugar se declaró la emergencia del transporte y se viene planteando que Plaza abandone su prestación. Ahora que el intendente tomó una determinación se pone en duda si es la adecuada o no", remarcó.

Bevilacqua llevó en mano el decreto al CD y lo entregó a los presidentes de cada bloque, con la voluntad de compartir con los ediles su decisión, asumiendo la gravedad de la crisis del transporte urbano.

Sin embargo, decretar la caducidad de la concesión es una potestad del jefe comunal, la cual está tomada, más allá de las posturas que adopten los integrantes del cuerpo legislativo.

En ese sentido, Moreno Salas indicó que Bevilacqua fue "muy criterioso" en su determinación, de modo de evitar a futuro alguna presentación legal de las empresas, que perjudique a los vecinos.

"Actuó de acuerdo al pliego de concesión. Todo está ahí, no hay dudas de lo que se hizo", agregó.

Bevilacqua esperará una definición hasta el viernes para notificar de manera formal a Plaza y Mayo su postura. La caducidad es una sanción que no deja a las empresas fuera de servicio, sino que las mismas siguen obligadas, al menos por dos años, a mantener su estructura y funcionar de manera adecuada.

Integración Ciudadana, no. Desde el bloque más grande de la oposición, Integración Ciudadana, se anticipó a este diario que no apoyarán el decreto del intendente por entender que el mismo es "una facultad privativa" del Departamento Ejecutivo.

Se explicó, además, que disponen "de su propio proyecto", en relación a cómo cortar la relación contractual con Plaza-Mayo.

Raúl Woscoff, presidente de esa bancada, aclaró que no se trata de estar de acuerdo o no con la sanción de la caducidad, sino que considera que el Ejecutivo tiene competencia para tomar esa decisión.

"Convalidar el decreto supone reparar o completar un acto con algún vicio, el cual en este caso no existe. Sí apoyamos la realización de un debate para analizar las consecuencias de esa caducidad", explicó.

Woscoff relativizó el gesto de Bevilacqua de hacerlos partícipes de su decisión, mencionando que la gravedad de la situación exige "de una buena fe y de compartir información", cosa que, aseguró, "todavía falta desde el Ejecutivo".

Por último, IC planteó la gravedad del incumplimiento de Plaza-Mayo en la actualización de la garantía del contrato y la falta de mantenimiento de los seguros exigidos, según menciona el decreto de caducidad firmado por Bevilacqua entre sus causales.

"Esto es grave de parte de la empresa y más aún del Departamento Ejecutivo, que no reparó en esa carencia. Por eso plantearemos revisar, en ese caso, las responsabilidades políticas", finalizó.

La UCR, tampoco. El radicalismo adelantó que tampoco acompañará con su firma el decreto de caducidad del intendente, por considerar que no es la mejor manera de romper el vínculo contractual con las prestatarias.

Roberto Ursino, titular del bloque, anticipó que hoy presentarán un proyecto para ser tratado sobre tablas que apunta a terminar la concesión y salir "mejor plantados", para evitar un juicio que embarque a la ciudad "en un desastre económico".

Sin aportar mayores detalles, Ursino sugirió que el pliego permite "otras alternativas" para la desvinculación y aseguró que la caducidad "es el peor camino que se puede tomar".

Unión Pro no sabe. Hasta última hora de ayer, los concejales de Unión Pro continuaban analizando tanto el decreto de caducidad como otro conjunto de cuestiones relacionadas con la salida de Plaza-Mayo.

"No tenemos todavía una decisión, seguimos trabajando y discutiendo el tema", indicó a este diario el edil Julián Lemos.

Preocupación en Villa Muñiz

Vecinos del barrio Villa Muñiz se reunirán hoy a la noche en la sociedad de fomento para analizar los posibles cambios a los recorridos del transporte urbano, en particular los que afectarían a ese sector.

Existe preocupación entre los lugareños por los cambios en las trazas y la eventual fusión de la línea 506, que actualmente circula por la zona.

María Venegas, colaboradora de la sociedad de fomento, dijo que puntualmente genera inquietud el paso de los micros en horarios pico, teniendo en cuenta que hay muchos chicos que se dirigen a la Escuela de Educación Técnica Nº 2 (de la calle Azara).

"Hoy sucede que muchos no pueden tomar el colectivo porque ya viene lleno", explicó.

También dijo que existe incertidumbre por la posibilidad de fusión entre la 505 y la 506.

"Tampoco se entiende la idea de sacar 19 unidades del total de micros que circulan. Si no andan bien ahora, ¿van a andar mejor así?", se preguntó.

Venegas recordó que "hace cuatro años cambiaron los recorridos y ahora parece que van a hacer lo mismo de vuelta. Queremos que nos traten como gente y no como animales".