Cuentan los historiadores que la mayoría de los presidentes venezolanos pasaron por la cárcel. Leopoldo López , líder radical de la oposición, ya cumple el primer requisito para hacer realidad su sueño. El dirigente, que tiene en vilo a la oposición, anteanoche durmió en la prisión de Ramo Verde, donde están recluidos varios presos políticos, como el general Raúl Baduel o el comisario Iván Simonovis.

Hasta el mismísimo centro penitenciario acudió el tribunal de control que debe decidir sobre el futuro más próximo del dirigente de Voluntad Popular, al alegar "motivos de seguridad".

En las últimas horas de ayer, se llevaba a cabo la audiencia preliminar en un escenario insospechado, que provocó las quejas de los juristas. Una decisión por lo menos extraña: el edificio estaba protegido por centenares de policías.

"Realizar la audiencia de López en la cárcel es una grave violación al debido proceso, propia de una dictadura militar", protestó el experto Luis Izquiel.

"Estoy detenido injustamente por soñar con una mejor Venezuela. Si están viendo este video es porque se ejecutó un abuso más de poder por parte del gobierno, lleno de mentiras y falsedades", destacó el dirigente de Voluntad Popular, en un archivo audiovisual grabado horas antes de su entrega.

El mensaje incluyó llamamientos a sus seguidores: "El compromiso para cambiar no debe ser pasivo".

Cientos de jóvenes hicieron caso a estas palabras y se concentraron ayer en las inmediaciones del Palacio de Justicia, donde se esperaba que López pasara ante el juez. No les fue muy bien en su protesta en el centro, zona tradicionalmente chavista: fueron atacados por seguidores de Nicolás Maduro.

"Los estudiantes fueron agredidos por los colectivos mientras intentaban huir de ellos, además les lanzaron objetos desde los edificios. Hay cinco estudiantes heridos, uno de ellos con la nariz rota, otro golpeado fuertemente con un casco en la cabeza. El resto, lesionados con piedras y palos", denunció Juan Requesens, dirigente estudiantil de la universidad pública más grande del país, quien también añadió que los atacantes intentaron robar sus teléfonos móviles.

Ante la ausencia del líder, los jóvenes trasladaron su protesta a Chacao y Altamira, territorio opositor. Y allí, una vez más, estalló la batalla campal: gases lacrimógenos, chorros de agua a presión, perdigonazos. El mismo guión que se escribe desde hace ocho días, cuando la marcha de miles de estudiantes que protestaban por la inseguridad y la inflación fue reprimida.

"Leopoldo debe ser puesto en libertad hoy [por ayer]. Estoy convencido de que se hará justicia. Lo que tiene es una medida de aseguramiento que puede ser revocada. Si vamos al pie de la ley, debe serlo hoy, Dios mediante esto se logre, aunque no lo podemos asegurar", insistió su abogado, Juan Carlos Gutiérrez.

"El juez determinará qué es lo que va a ocurrir, si lo deja o no en libertad", confirmó Luisa Ortega, fiscal general del Estado.

"También le corresponde al juez señalar cuál es ese sitio de reclusión donde va a permanecer. Habrá que esperar la culminación de la audiencia para saber dónde será recluido, si es que queda recluido", añadió.

"El movimiento racional del gobierno es liberar a Leopoldo López. Es un sinsentido convertir la protesta en una lucha mucho más radical", adelantó Luis Vicente León, presidente de Datanálisis y uno de los politólogos mejor informados del país.

El gobierno estudia ahora qué hacer con el líder rebelde. Varias pruebas confirman la participación de oficialistas en los cuatro asesinatos a balazos de estos días -hasta ayer los muertos en total eran seis-, por lo que ante la opinión pública sería muy costoso mantener las acusaciones esgrimidas hasta el momento.

En las últimas horas se conoció también que el gobierno estiró su cerco sobre la oposición con el pedido de captura de Carlos Vecchio, la mano derecha de López en Voluntad Popular, partido que hace meses solicitó su incorporación a la Internacional Socialista. La jueza 16 de Control de Caracas ordenó su captura.

Los delitos de los que se acusa son, en principio, los mismos que amenazan a su jefe político: incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública y privada, y asociación para delinquir. De la lista quedaron excluidas, por ahora, las acusaciones de terrorismo y homicidio, que el gobierno también barajó..