Referentes políticos locales coincidieron en señalar que los proyectos ideados por el kirchnerismo tornarán sumiso el accionar de magistrados y funcionarios judiciales de acuerdo a las conveniencias del Gobierno nacional. Advierten sobre la desigualdad en la protección de derechos de la ciudadanía frente al Estado.
En este sentido, la Democracia Cristiana instó a los representantes provinciales que ocupan sus escañaos tanto en la Cámara de diputados como así también de senadores, a resguardar la independencia del Poder Judicial y del régimen republicano de gobierno, mediante la emisión de su voto en contra de la aprobación de este paquete de leyes, siendo las más resistidas aquellas que establecen la selección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura (CM), la regulación en el dictado de medidas cautelares y la creación de nuevas instancias de casación.
De acuerdo a lo señalado por el legislador José Páez, la elección a través del voto ciudadano de los consejeros "politizará totalmente al organismo, rompiendo el carácter apartidario y técnico que tuvo siempre el Poder Judicial, y también el Consejo de la Magistratura, con la excepción de los representantes parlamentarios". En esta línea, el parlamentario tucumano adujo que el kirchnerismo "busca obtener la mayoría en el Consejo de la Magistratura y así imponer el nombramiento de jueces adictos".
Así también, y en cuanto a la fijación de límites de las medidas cautelares, resaltó que es contrario a las características de tal instituto jurídico, que se encuentra debidamente reglamentado en el Código de Procedimientos, además de asegurar que perjudica particularmente a los ciudadanos, y especialmente a jubilados y pensionados que tienen sentencia firme de actualización de sus haberes.
"Se pretende, en definitiva, evitar otros fallos con la situación creada con el grupo Clarín por la aplicación de la Ley de Medios, y la anulación de la compra de la sede por la Sociedad Rural u otros temas que surjan en contradicción con medidas dispuestas por el oficialismo. La creación de nuevas Cámaras de Casación tiene por objeto unificar los contenidos de los fallos, principalmente con la nueva composición de éstas a partir del nuevo Consejo de la Magistratura", planteó Páez.
Magistrados domesticados
A su vez, el referente democristiano advirtió sobre la omisión en el discurso de la presidenta Cristina Kirchner cuando presentó los proyectos en cuestión, en relación al accionar de uno de los magistrados a quien se lo asocia continuamente en el amparo de los intereses del Ejecutivo nacional. "No aclaró (la Mandataria) cuál es la razón por la que al juez Norberto Oyarbide le encomiendan todos los juicios contra funcionarios del gobierno, a los que libera de responsabilidad, y en particular en forma rápida liberó al matrimonio Kirchner del delito denunciado de enriquecimiento ilícito. La falta de modificaciones al funcionamiento de la Justicia Penal esconde el comportamiento sumiso de jueces (principalmente Oyarbide) y fiscales, domesticados por la caudillo de la agrupación ultrakirchnerista 'Justicia Legítima', Alejandra Gils Carbó, que favorecen la difusión de la inseguridad pública y los delitos de corrupción", postuló Páez.
Por su parte, otro de los legisladores opositores en la Cámara tucumana, como lo es el referente del PRO, Alberto Colombres Garmendia, aseguró que detrás de la intención del Gobierno "se comienza a recorrer un nuevo camino tendiente a controlar al Poder Judicial, último bastión que tiene la ciudadanía para buscar un reaseguro creíble para la protección de sus derechos, principalmente su patrimonio y libertad".
A la hora de graficar el contexto que se abatió a partir de las iniciativas tendientes a la democratización de uno de los poderes del Estado, el macrista adujo que "el kirchnerismo ha decidido clavar sus dientes en el poder judicial. Dominarlo mediante un plan tendiente a someter al mismo mediante los cambios propuestos en el Consejo de la Magistratura, y destruir la protección de los derechos de los argentinos privando en el marco del proceso judicial a las medidas cautelares de su razón de ser y existir, que no es otra que brindar una tutela judicial rápida y efectiva, sin importar que en el camino se arrase con la Constitución Nacional y las instituciones".
Por esta razón, a la que calificó como un "desprecio a la ley, las instituciones y a los derechos ciudadanos", Colombres Garmendia, invitó a las fuerzas políticas locales que manifestaron su oposición a esta medida, a fin de que, dejando de lado intereses o banderías políticas, planifiquen acciones conjuntas para evitar esta iniciativa del gobierno.
Garantía de impunidad
En esta misma sintonía, se expresaron los dirigentes José Costanzo (Partido Autónomo de Tucumán), Pablo Berarducci y Cesar Gallo (Partido Por Yerba Buena) al asegurar que lo buscado por el kirchnerismo es "una nueva intentona para someter al Poder Judicial a sus caprichos. No tolera una justicia que se manifieste independiente. No soporta la división de poderes inherente a la concepción republicana de la política".
Al momento de caracterizar a los polémicos proyectos presentados, indicaron que "son los mecanismos diseñados por el gobierno nacional para domesticar a la Justicia, es decir, para evitar que se dicten fallos contrarios a sus circunstanciales conveniencias, que no traben medidas resistidas por la ciudadanía y que garanticen impunidad a sus funcionarios corruptos".
Así, Costanzo, Berarducci y Gallo aseguraron que "la hegemonía del poder político, el distribucionismo cortoplacista, la polarización social, el monopolio de la palabra mediante la restricción de la libertad de expresión y el estatismo asfixiante, requieren una Justicia sometida, adicta y amordazada".
Comentá la nota