Mientras el gobierno municipal avanza sin freno con la implementación de la Inspección Técnica Vehicular, la oposición intentará meter presión hoy en el Concejo Deliberante para que el sistema sea modificado y se erradiquen las zonas grises, que generaron sospechas cuando se conoció en diciembre de 2010 cómo se había realizado la adjudicación a los talleres habilitados para hacer las revisiones.

A fines del año pasado, la ITV municipal quedó envuelta en la polémica. Este diario reveló que el esquema diseñado y ejecutado por el Edecom tenía puntos oscuros: el decreto 2006/10, que ponía en marcha la obligatoriedad de las inspecciones, fue publicado en el boletín oficial el 12 de agosto y menos de 24 horas después comenzó a regir el registro de interesados; lo curioso fue que solamente un empresario accastellista, Hugo Tello, y su socio, Javier Giaquini, se enteraron con tanta rapidez que a las 7.30 de la mañana de ese mismo 13 de agosto se inscribieron. El detalle no menor es que, curiosamente, el orden de mérito fijado por el gobierno no se establecía de acuerdo a la oferta económica o a los antecedentes, sino por orden de llegada.

Como Tello y su socio habían aparecido primero, en un momento llegaron a tener en sus manos las dos únicas adjudicaciones que había decidido dar el Edecom, aunque después se revirtió la decisión. Un elemento que también despertó suspicacias es que Tello y Jorge Méndez, titular del ente, militan en el mismo grupo del intendente de Villa María, Eduardo Accastello.

Cuando surgió la polémica, además se descubrió que la ITV local, que el gobierno había asegurado que costaría hasta un 33 por ciento menos que la nacional, en realidad es más cara: porque los autos de hasta 7 años de antigüedad, que en el país deben concurrir una vez cada dos años y que pagan por ese examen 120 pesos, en Río Cuarto están obligados a pasar por los talleres todos los años y a pagar 160 pesos.

Desde diciembre, la oposiProxy-Connection: keep-alive Cache-Control: max-age=0 ón viene reclamando, más allá de que las adjudicaciones de talleres siguen siendo criticadas, que al menos la ITV riocuartense se adecue a la nacional en cuanto a exigencias y, por lo tanto, la revisión sea menos onerosa.

Víctor Núñez, jefe del bloque justicialista, indicó que hoy, cuando se realice la reunión entre los jefes de bloque para definir qué temas se tratarán en la sesión extraordinaria de la próxima semana, reclamará que llegue con urgencia al recinto el proyecto del peronismo que equipararía el sistema de inspección riocuartense al que establece la ley nacional.

El oficialismo había asegurado en diciembre que abriría el debate en el Concejo para discutir posibles modificaciones en la ITV; sin embargo, hasta ahora, aun cuando hubo concejales oficialistas que públicamente se manifestaron a favor de introducir cambios en el discutido sistema, ni siquiera se han analizado los proyectos opositores.

“Los primeros que no respetaron el decreto municipal fueron el propio intendente Jure y el secretario Miranda, que establecieron una orden de mérito con un criterio y después abrieron el registro para todos los que quisieran prestar el servicio. Hay que cambiar eso y adecuarlo a la ley nacional, sin que esto implique quitarles las licencias a los talleres que ya están. Pero, además, la revisión local debe tener las mismas exigencias que la nacional; hay que modificar los plazos, por ejemplo”, manifestó Núñez.

Eduardo Scoppa, del interbloque entre la Coalición Cívica y el FreGen, indicó que, más allá de las declaraciones públicas, el oficialismo no ha mostrado voluntad de cambiar la discutida ITV. El interbloque había presentado un proyecto para que el Estado se haga cargo de realizar las inspecciones y destine los $ 4 millones que se recaudarían por año, por ejemplo, a viviendas sociales.

“Los concejales oficialista que aseguraron públicamente que querían cambios tienen la oportunidad de votarlos; pero no creo que lo hagan”, dijo Scoppa.