Como no se oficializaron los términos del acuerdo, en la Casa de las Leyes y en algunas comunas opositoras siguen en ebullición las posturas contrarias a la forma en la que el jefe del Gobierno ha manejado el tema. Tanto desde el radicalismo como desde el Partido Demócrata se alzaron voces contra la estrategia “autista”, según la calificación de la oposición, del gobernador Jaque.

Ayer, el senador radical Armando Camerucci insistió en la demanda de mayor información sobre los términos generales del acuerdo que provocó el freno a la demanda mendocina en la Corte Suprema de Justicia contra el decreto presidencial que prorroga la promoción industrial a San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja. Resignado al silencio oficial, ayer Camerucci apeló a pedir informes al fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, quien sería el responsable del freno a la demanda provincial, según versiones extraoficiales, junto con el asesor general del Gobierno, César Mosso Giannini.

“La Fiscalía de Estado de Mendoza tiene carácter de poder independiente, autónomo del Gobierno provincial y debe velar por los intereses de los mendocinos y no por los del Poder Ejecutivo provincial”, dice el encabezado de un escrito presentado ayer por Camerucci en el Senado.

“En los proyectos que presentamos el 2 de setiembre pasado –agrega–, solicitábamos a la Fiscalía de Estado que continúe con el curso del proceso presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y al Poder Ejecutivo provincial que ponga en consideración de esta Honorable Legislatura, la decisión de renunciar o no a los juicios que Mendoza tiene con la Nación, ratificando una vez más nuestra opinión de que no se dé marcha atrás en el litigio”.

El escrito concluye: “Entonces, confiamos, de acuerdo con lo conversado oportunamente, que el fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, nos comunique oficialmente a todos los mendocinos, al poder político y en especial a la Legislatura provincial si se ha tomado una decisión que modifique el acuerdo oportunamente convenido con el gobernador Celso Jaque, cumpliendo con su mandato de defender el patrimonio del fisco, que será parte legítima en los juicios contencioso administrativos y en todos aquellos en que se afecten intereses del Estado”.

El presidente en ejercicio del Partido Demócrata, Andrés Grau, hizo su propia crítica del proceder del mandatario provincial. “Sin saber todavía cuál será el decreto que el gobernador Jaque pactó con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya se comienzan a encender luces amarillas y creemos que pronto se pondrán rojas, de acuerdo con los trascendidos”, advirtió Grau.

“Entendemos que el Gobierno provincial no debe abandonar la vía judicial. Los mendocinos hemos aprendido que los arreglos políticos, como fue el realizado por el ex gobernador Julio Cobos con el Gobierno nacional para desactivar un reclamo judicial iniciado en 1997, tuvo solamente un beneficio individual a quien lo gestionó”, agregó el legislador demócrata.