Desde hace tiempo se encuentra en estudio en la Comisión de Minería de la Legislatura de Santa Cruz un proyecto de ley que busca establecer la derogación de la Ley Provincial 2.354, que establece el método de exención cualificada para el Impuesto a los Sellos referente a la actividad minera en la provincia.
La oposición legislativa pretende que todas aquellas empresas dedicadas al rubro de la explotación de metales, como lo establece el Código de Minería de la Nación, deberán abonar sin excepción el impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el marco de la Ley Provincial 1.538.
Ahora el proyecto que se encuentra para el análisis de la comisión que integra Ricci, procura la derogación de la Ley 2.354, sancionada el 23 de febrero de 1994, que luego incorporó el artículo que establece que los actos jurídicos de prospección, exploración, explotación y beneficio de sustancias minerales con excepción de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, entran en el Régimen de Exención para el Impuesto a los Sellos.
La sanción de este proyecto de ley posibilitaría asegurar “grandes volúmenes de recaudación a través de la Secretaría de Estado de Ingresos Públicos, ya que significa en el caso del Impuesto a los Ingresos Brutos el 2,5% del total facturado, y para el caso del Impuesto a los Sellos el tres por mil de cada contrato o acto jurídico. Si tenemos en cuenta la insignificante repercusión en el presupuesto provincial que tiene lo percibido en concepto de regalías mineras, este año estimada en 17,9 millones de pesos, que comparado con otras actividades como por ejemplo la hidrocarburífera, 971 millones de pesos para igual período, significa un 1,8 % de esta, nos encontramos con esta situación contrastante que necesitamos corregir de manera urgente, ya que no podemos ser una provincia que entregue sus recursos naturales por una actividad que aporta solamente 0,29 % al presupuesto provincial”, sostiene la oposición en sus fundamentos.
Comparada esta cifra que la provincia espera recaudar por regalías, sólo con las utilidades publicadas en su página web por Coeur, la propietaria de Mina Martha que por estas horas está iniciando su proceso de cierre, se verifica que sólo en el año 2009, cuando a la provincia le ingresaron alrededor de 13 millones de pesos por regalías mineras, esa empresa verificó ganancias del orden del 60% alcanzando una utilidad bruta de 26.924.000 dólares, es decir unos 106,08 millones de pesos, ocho veces y media más de lo que cobró Santa Cruz por toda la actividad minera de la provincia.
Lejos de la realidad
“Es propicio destacar que durante la década de 1990 tuvieron lugar una serie de instrumentos legales tanto nacionales como provinciales, que probablemente iban de la mano con las condiciones socioeconómicas reinantes en ese entonces, cosa que hoy no ocurre, por lo que consideramos deben reverse cuidadosamente cada uno de los artículos de las mismas. La ley provincial 1.992 que originalmente proponía un valor de regalías del 10 %, sobre la extracción del mineral en boca mina, posteriormente fue modificada por la Ley 2.332, pasando a establecerse un “techo” del 3 % sujeto a privilegios de estímulo en casos de realizarse algún cambio del estado físico o composición química del mineral en bruto”, señala en sus fundamentos la legisladora radical Nadia Ricci.
Los diputados de la oposición consideran “muy razonable” que el rubro minero reciba un trato igualitario en materia impositiva, junto a otros sectores de la actividad industrial, ya que “son muchos los beneficios con que cuenta este sector en la actualidad, sin dudas el principal factor de ventaja es el bajo porcentaje de regalías sujeto a privilegios de estímulo totalmente alejado de la realidad”. (La Opinión Austral – AIMSA)
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