Comerciantes, servicios y profesionales se verían obligados a usar el sistema de cobro con tarjetas de crédito y débito, de aprobarse un proyecto que ya cuenta con media sanción.

A nivel local, el titular de la Sociedad Comercio e Industria, Jerónimo dos Reis, afirmó que “están totalmente convencidos que, de aprobarse, esta medida no funcionaría, sería inconstitucional y perjudicaría a los más pequeños”.

Por su parte, el dirigente de FEBA, Carlos Cappelletti, opinó que “no se puede obligar a todos los comercios a contratar el servicio de posnet en el ámbito bonaerense”.

Con un nuevo cruce de declaraciones, la polémica sobre este tema se profundizó en los últimos días. El autor de la iniciativa, el senador Gustavo Oliva (FpV), dijo que avanzar con esta norma supone “una gran derrota a la evasión”, y expresó que beneficiará en seguridad, ahorro y comodidad a los ciudadanos de la provincia. “Actualmente sólo el 15% del total de contribuyentes utiliza medios de pago electrónico, los demás sólo admiten pago contado. Con su implementación se reducirían trastornos en el pago de bienes y servicios, largas colas injustificadas en los bancos o cajeros, pérdidas de tiempo y riesgos individuales. Además no se generarían gastos significativos para los comerciantes y profesionales, ya que se contempla los instrumentos necesarios para reducir los costos de adquirir los sistemas”, afirmó.

El proyecto es empujado además por las autoridades de ARBA, que lo consideran clave en la lucha contra la evasión.

Pero el que salió al cruce de la iniciativa fue el presidente de la Federación Económica bonaerense, Raúl Lamacchia. “Estamos en contra de que salga esta ley así como ha sido redactada, porque es un avasallamiento de los derechos del comerciante”, consideró, y puso en duda que la medida reduzca los niveles de evasión.

Anticonstitucional

El titular de Comercio e Industria sostuvo que “estamos totalmente convencidos que la medida no va a funcionar, que es anticonstitucional porque está perjudicando a los más pequeños que deben cargar con un costo fijo mensual, que en algunas circunstancias no pueden afrontar”.

“Hoy, cada comerciante analiza en base a la cantidad de operaciones con tarjeta y circunstancias de su comercio, y decide si le conviene tener tarjetas. Mientras más barrial es el almacén, con confianza entre el almacenero y el cliente, permite tener una cuenta corriente personal. Cuando uno se traslada a negocios con más cantidad de gente, esa relación se ve perjudicada y no se crean cuentas corrientes. Ahí la herramienta del plástico es muy importante, porque uno cobra y la deuda la tiene el consumidor con la tarjeta”, analizó.

Jerónimo dos Reis subrayó que “nos están obligando a tener un contrato con una empresa que no es el Estado y se genera un costo fijo para el comercio. Hay muchas fallas en este proyecto, así que espero que el lobby que están haciendo FEBA y CAME, logre que los senadores no participen del debate ni concurran a la votación”.

También profesionales y servicios

Por su parte, Carlos Cappelletti indicó que “la FEBA se opone a la sanción a este proyecto de ley, que ya cuenta con la aprobación de diputados”.

“Ya desde el año pasado, cuando fuimos invitados a participar de una reunión de comisión, expusimos los motivos por los cuales el organismo dice que este proyecto no es conveniente ni necesario”, apuntó.

Sobre los motivos del rechazo, explicó que “no estamos a favor de la evasión, como se comentó en algún momento. En realidad, para los comercios en que el posnet es una herramienta importante ya lo tienen funcionando. No es así para los que no lo consideran necesario, me pregunto si sería de utilidad en una escribanía por ejemplo, porque se incluye a profesionales y servicios”.

Cappelletti dijo que “estaba el piso de 144 mil pesos de monotributo, con lo cual quedaban exentos los comercios más chicos, porque tengamos en cuenta que esta medida impacta sobre los negocios más pequeños que deberán afrontar un costo de 600 pesos por mes, con el posnet, línea telefónica y bancarización”.

“Nosotros hemos consultado y esto sería inconstitucional, porque la única moneda de pago legal es el peso”, agregó.