“No nos oponemos a las obras, si a que hagan lo que quieren con el agua”, dijo el secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri, en referencia al decreto que firmó el gobernadorOscar Jorge para que la Fiscalía de Estado analice el inicio de un juicio por el corte del río Salado. La provincia reclama la constitución de un comité de cuenca, para regular el escurrimento del río.

Este martes San Juan firmó un contrato con la empresa Powerchina para la construcción de una nueva represa, sobre el río San Juan, afluente de la cuenca que desemboca en el Salado-Chadileuvú en territorio pampeano. “Vamos a hacer el juicio en el caso de que corresponda. El decreto estaba hecho antes. No sabíamos que el martes se firmaba el contrato. Salió posteriormente a la firma del decreto. El decreto abarca toda la cuenda del Desaguadero, Salado, Chadileuvú y Curacó”, precisó el funcionario. “Lo que hizo el gobernador es instruir al fiscal de estado (José Vanini) para que haga una evaluación y un diseño y determinar la estrategia judicial. Este contrato, que está incluido en el presupuesto nacional, el gobernador (electo Carlos) Verna como senador lo va a impugnar”, señaló.

El funcionario provincial dijo que “hay que seprar” el reclamo de las obras en si mismas. “No nos oponemos a las obras. Lo que pasa es que hay un uso, por decirlo muy suavemente, abusivo del agua. Se la quedan todo el agua. ¿Cómo vamos a estar en contra de una obra que genera energía y trabajo? Lo que decimos es que haya un organimso de cuenca que diga qué caudal va para La Pampa y después que genere energía y todos los usos de agua, como hacemos con Coirco y el río Colorado. No falla la construcción de la obra, sino la construcción sin un acuerdo de gestión del agua”, clarificó.

“Una obra de energía eléctrica no consume agua. No se queda con el agua. Para turbinar tiene que pasar. El problema es que se la quedan después. Nosotros planteamos en todos los casos que cese el daño y que se haga un comité de cuenca donde se discutan los usos”, indicó en declaraciones a Radiokermés.

Puso otro ejemplo con el proyecto de Mendoza de construir la presa de Portezuelo del Viento (trasvase del Grandel al Atuel). “Coirco pidió una serie de requisitos para cumplimentar ese proyecto. Acá (con el Salado y el Atuel) no ocurre eso, hacen lo que quieren con el agua. Eso es lo que estamos cuestionando en cada una de las acciones”, apuntó.

“El problema no es la presa, que es una construcción física, si no cómo se maneja el agua”, insistió. Y añadió: “Es lo mismo que tenemos con el Atuel. Lo que queremos no es cuestionar los Nihuiles sino que cuando llega a Carmensa el agua, la cortan y no viene una gota de agua. Pedimos sentarnos a negociar y hablar, decir que se usará tanto para riego, otro para turismo, esto para generación eléctrica, y este auga para La Pampa, que es condómina”.

El funcionario indicó que en los comité “deben intervenir” tanto las provincias como la Nación. “Existe una normativa a nivel nacional e internacional que la obra que se haga, si vas a pedir un crédito al Banco Mundical, le piden un impacto ambiental y luego las normas de manejo de la presa, cuanta agua hay que dejar pasar en los períodos de menor generación de energía. Todos esos acuerdos deben ser acordados en un organismo de cuenca si el río es interjurisdiccional. El problema es el manejo de agua”, reafirmó.

“En este caso, San Juan y Mendoza nunca quieren sentarse a hablar de una gota de agua que pase aguas abajo de la zonas donde terminan de regar, que sí es donde se consume el agua. A partir de ahí no corre más y estamos en esta situación de hace mucho tiempo”, subrayó.

Cabe recordar que el río Salado prácticamente desapareció del territorio pampeano a partir de los diques que construyó San Juan en las últimas décadas. Las represas de Uyún, Caracoles y Punta Negra, a las que se sumará El Tambolar, generaron el corte del Salado, que llegaba al oeste pampeano.

En el decreto, Jorge destaca “el incumplimiento de las provincias de San Juan y Mendoza a las obligaciones que surgen de la normativa nacional y la ausencia de un caudal ambiental en el río Desaguadero-Salado, generaron (y continúan haciéndolo) en la provincia de La Pampa serios daños ambientales, sociales y económicos, que deberán ser objeto de recomposición y resarcimiento”.

Mediante Decreto 645 de 2015, Jorge instruyó al Fiscal de Estado para que “evalúe y considere iniciar acciones legales y judiciales tendientes a preservar y defender los derechos de la provincia de La Pampa, sobre las aguas interjurisdiccionales de la Cuenca del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó-Colorado, de la cual es estado condómino”.

El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, y los representantes de Powerchina suscribieron el contrato para las obras del dique El Tambolar, que permitirá crear puestos de trabajo para 600 sanjuaninos. La inversión es de alrededor de U$S 400 millones con financiamiento del Eximbank de China.

Este martes se complementó la firma del contrato que los representantes de la empresa china llevaron hasta su país, donde será analizado y se definirá el financiamiento.

Gioja se mostró feliz por el momento y lo calificó como “un día histórico”. En ese sentido, aclaró que “era el primer dique que se iba a construir en la década del 70 y nosotros, cuando llegamos al Gobierno, tomamos una fuerte decisión política de regular el río San Juan”.