La puesta en marcha de los juicios por flagrancia despierta opiniones encontradas entre los actores del sistema judicial en la provincia.

El presidente de la Asociación de Magistrados de La Rioja, Roberto Pagotto, opinó que la modalidad que se implementa en la provincia desde el año pasado es parte de la reforma al Código de Procedimiento Penal que se venía solicitando desde la magistratura desde hace vario tiempo.

El juez, recordó que "en mayo de 2007 a nivel nacional hubo una gran movilización convocada por las organizaciones que representan a los magistrados de todo el país, para solicitar al poder político que se dotara a los jueces de mayores herramientas para dar respuesta a la sociedad de una Justicia más ágil" lo que implicó la modificación de los Códigos de Procedimientos.

"En ese proceso está La Rioja que implementa una reforma después de 60 años de tener en vigencia un sistema, donde está la posibilidad de que se atienda rápidamente a los delitos cometidos en flagrancia o también con la participación del Ministerio Público Fiscal se pude solicitar al procedimiento del Juicio Abreviado para algunos casos en el que se considere oportuno", explicó Pagotto.

Para el magistrado la reforma significó "dar respuesta a la demanda social de que la pena sea cercana a la comisión de delito, lo que en la práctica se ve como una justicia dinámica".

Pagotto señaló que esto queda demostrado en una perspectiva donde usando el sistema anterior la resolución de una causa de esta naturaleza demoraba cerca de dos años, y ahora no supera los dos meses. "Esto es un mensaje a los que hacen las leyes pera que se continúe profundizando la reforma y para que la celeridad llegue también a otros ámbitos", remarcó Pagotto.

Imperfecciones

Para el presidente del Colegio de Abogados Ramón Gachón, "la flagrancia puede observarse desde dos puntos de vista, el primero es la celeridad en la resolución de las causas que tiene que ver con la demanda de mayor seguridad que está solicitando la población. "En una forma más rápida se puede observar cuales son las consecuencias que tiene la comisión de un delito y si bien la Justicia resplandece cuando es más inmediata hay algunas cuestiones que observar", señaló Gachón.

En este sentido indicó que "hay que reconocer que los hechos de flagrancia son los menos en relación a la cantidad de delitos que se cometen con otras modalidades".

También indicó que "hay muchas cuestiones que perfeccionar" y subrayó los abogados que defienden a personas que quedan involucradas en este tipo de delitos no pueden pedir una excarcelación, hasta que llegue el juicio, salvo que lo pida el agente fiscal interviniente. "Esto es una cuestión para debatir y que se tiene que resolver en el corto plazo, porque me parece una desmesura que atenta contra los principios del derecho penal. Advierto una exageración del poder de policía del Estado, que además provoca un crecimiento acelerado de la población carcelaria que hay que atender", puntualizó Gachón.

Asimismo opinó que las autoridades deben tener en cuenta que esta metodología "no lesione principios fundamentales como lo son la libertad de las personas y el debido proceso, por lo que me parece que hay aspectos técnicos y jurídicos que hay que debatir para mejorar y superar los vicios del sistema".

Rechazo

Por su parte el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de La Rioja, denunció que la flagrancia se convirtió en la publicidad represora del Estado con la "Pena Ejemplificadora" .

La entidad describió en un documento que "la pobreza y la marginalidad siguen siendo solo un problema del que la padece, y para muchos un problema de vagancia. Se es pobre porque se quiere serlo, se escucha frecuentemente en la calle. Fácil es deducir con esta mirada de la realidad, la delincuencia juvenil, la droga, la prostitución, la trata de personas, la contaminación, etc. no son un problema social, no son un problema de todos, ni mucho menos, obvio, hasta que nos pasa a nosotros, recién a partir de ese momento yo me preocupo, me informo, me involucro".

"En este escenario - indica el documento- el desgobierno navega en aguas calmas, tranquilas, y lejos de generar educación y trabajo para los adolescentes, pone en marcha un plan monstruoso de aniquilamiento de nuestra juventud postergada, marginada, de nuestros jóvenes sin rostro, sin nombre y apellido, para que, ante el mas mínimo error que pueda encuadrar en delito, por menor que sea, los encerramos en cárceles miserables y peligrosas por años con la excusa del flagelo de la inseguridad y de la reinserción social".

El Consejo declaró a su vez que "no está a favor de la delincuencia, ni mucho menos, pero tampoco vamos a ser tan injustos e hipócritas de justificar esta lluvia de procesos penales por delitos de flagrancia donde vemos que la motivación de los fallos pasa por una política de Estado que, lejos de preocuparse en darles educación y trabajo a estos niños para que tengan una vida medianamente digna, ha impartido órdenes a sus fieles y obedientes funcionarios (algunos de los cuales no sabemos hasta el día de hoy por que ejercen funciones de Fiscales) para encerrarlos y hacer de cada sentencia una pena ejemplificativa para combatir con ello el flagelo del delito".

La institución que preside Fernando Vietto, apuntó también al colapso que se vive en la alcaidía donde los detenidos comparten pabellones con delincuentes de alta peligrosidad, enfermos de HIV, etc. y se preguntó ¿si a un adolescente sin antecedentes penales le dan 6 años de prisión efectiva por un arrebato en grado de flagrancia, cuántos años deberían darle a los funcionarios públicos que violan diariamente la Constitución? Cual es el verdadero flagelo en nuestra Provincia?"