El proyecto que impulsa el Gobierno nacional para suprimir la feria judicial genera opiniones divididas en la Justicia marplatense.

LA CAPITAL consultó a referentes del Colegio de Abogados, la Asociación Judicial bonaerense y el Colegio de Magistrados para conocer sus opiniones del proyecto. Todos los sectores coincidieron en que debe darse un amplio debate donde todos los representantes del Poder Judicial estén sentados en una misma mesa con el Gobierno para analizar posibles cambios. De todas maneras, hubo percepciones distintas de la iniciativa: los abogados apoyaron la intención de terminar la feria, los empleados judiciales aseguran que se trata de un artilugio de campaña y los jueces proponen que también se traten otras cuestiones de fondo que permitirían agilizar la Justicia.

Colegio de Abogados

El presidente del Colegio de Abogados, Fabián Portillo, respaldó el proyecto que impulsará el Gobierno nacional.

“Con la Justicia que tenemos hoy, no podemos darnos el lujo de parar Tribunales por 45 días”, dijo. Y explicó: “A veces es muy difícil decirles a nuestros clientes, en medio de un proceso judicial que es lento y complicado, que durante enero no se puede hacer ningún reclamo ni buscar novedades porque Tribunales está parado. Y eso no pasa solo en enero sino que también durante 15 días en invierno. Por eso, si este proyecto trae soluciones, mayor dinámica, y rapidez para brindar justicia, bienvenido sea”.

Portillo afirmó que la feria judicial también perjudica a los abogados en “la cadena de pago”. “No podemos brindarles soluciones a nuestros clientes en ese tiempo ni terminar con reclamos. Eso significa que también nos veamos perjudicados en los honorarios”, sostuvo. Y agregó: “Cuando se termina el reclamo nosotros cobramos, mientras tanto no”.

Para el presidente del Colegio de Abogados, la eliminación de la feria “no traería dificultades para la organización de los estudios jurídicos”. “En mi caso hace 22 años que programo las vacaciones de acuerdo a mis posibilidades y a mi trabajo. Para los abogados no hay ningún tipo de inconveniente”, sostuvo. Y explicó: “Para el Poder Judicial yo creo que tampoco generará inconvenientes porque no veo para nada mal que sus vacaciones se rijan de la misma manera que se rigen en otros poderes públicos de acuerdo a las posibilidades que tiene cada área y la cantidad de años del empleado”.

Para Portillo, el proyecto que impulsa el Ministro de Justicia debe ser debatido en una amplia mesa en la que además de los abogados deben participar los colegios de magistrados, la Asociación Judicial bonaerense y el Gobierno. “Debemos estar de acuerdo en que la justicia es lenta y que 45 días de paro total de la actividad en Tribunales es un disparate. Entonces debemos sentarnos y una vez por todas para llegar a un acuerdo para generar un proyecto”, sostuvo. Y afirmó que también apoya la intención de Garavano de que se trabaje en doble turno en los tribunales: “Comparto cualquier opinión o proyecto que genere mayor celeridad y una rápida respuesta a los reclamos ciudadanos”.

Asociación Judicial

El secretario de Asuntos Internacionales y secretario general de la Departamental Mar del Plata de la Asociación Judicial Bonaerense, Mariano Fernández, cuestionó el proyecto del ministro de Justicia. “Busca presionar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del respaldo de la opinión pública en una cuestión históricamente planteada como un privilegio de antaño que tiene un Poder Judicial que no se condice con las exigencias de los tiempos modernos”, sostuvo. Y agregó: “Esta forma de plantear el tema esconde el debate de fondo sobre el rol de la Justicia estatal en un estado republicano y democrático de derecho y coloca en la agenda política pública la discusión sólo sobre uno de los efectos del negado debate. Primero hay que determinar qué intereses debe proteger prioritariamente la Justicia estatal en la amplia gama de conflictos de intereses de orden laboral, civil, comercial, penal, contencioso administrativo, de familia judicializados, que son generados por la propia política socioeconómica del Estado; para luego ver qué perfil de magistrados se necesita, el método de selección, la composición de las plantas de trabajadores necesarias, los edificios que albergarán las distintas dependencias y la necesidad de recortar o suprimir o no la feria judicial, dado que el funcionamiento del poder judicial las 24 horas de los 365 días del año no garantiza la existencia de justicia real y concreta”.

Para Fernández se debe recordar que “la Justicia bonaerense funciona con trabajadores precarizados e incluso no registrados bajo la figura fraudulenta de la pasantía gratuita”. “Es el Poder Judicial un ámbito del empleo público donde no se respeta el derecho a la jornada limitada de trabajo, la estabilidad del empleo público, las condiciones de seguridad e higiene en los dependencias judiciales, el régimen de licencias, derechos de huelga o de reunión de los trabajadores judiciales que trabajan mañana tarde y noche bajo la presión permanente de los tiempos de labor que los magistrados imponen a funcionarios, empleados y peritos judiciales, asumiendo éstos responsabilidades por delegación de funciones que es una práctica habitual dentro de la Justicia”. Y agregó: “La feria judicial es la forma a través de la cual se materializa el derecho humano de naturaleza laboral y jerarquía constitucional al descanso de los trabajadores judiciales, es un derecho adquirido, y cualquier modificación en su implementación es materia de negociación colectiva como bien lo recomendó la Organización Internacional del Trabajo al estado argentino ante su negativa constante de discutir con los sindicatos judiciales de todo el país un convenio colectivo de trabajo para nuestro sector”.

Además para Fernández, “Garavano coloca en forma engañosa en la agenda política nacional un tema que encubre una cuestión mas profunda que la persistencia o no de la feria judicial”. Y explicó: “Busca definir el rol de la Justicia estatal en un estado de derecho cuyo amplio debate es necesario e imprescindible en un contexto de creciente conflictividad social por la política de ajuste que implementa el Gobierno nacional y que replica el provincial en el estado bonaerense; y su negación refleja la necesidad del Gobierno de construir amplios consensos sociales en la opinión pública para enfrentar un año electoral donde se pone a prueba su legitimidad política y lo hace planteando mediáticamente una cuestión que forma parte de ese eslogan de cambio ahora aplicado a la Justicia, pero sólo es profundizar lo existente en perjuicio de las mayoría populares y sin diálogo”.

Colegio de Magistrados

Por su parte, el presidente del Colegio de Magistrados, Rodrigo Cataldo, aseguró que la entidad no recibió “ni bien ni mal” el anuncio porque la decisión del Gobierno nacional no afecta al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

“No depende del Poder Ejecutivo mover el horario judicial y la feria porque en materia provincial depende de la Suprema Corte. La ley 5827 le otorga la facultad exclusiva a la Suprema Corte con lo cual desde el Colegio de Magistrados de la provincia y local hasta tanto no existan algún proyecto en el Ministerio de Justicia provincial no nos vamos a expedir porque no tenemos ninguna constancia que pretendan hacer modificaciones”, aclaró Cataldo.

Más allá de esto, el presidente del Colegio de Magistrados afirmó que la decisión del Gobierno “abre un gran debate” que debe darse entre todos los sectores sobre la intención de “pretender acercar la Justicia a la gente”. “Esto no es un camino que empezó ahora con el plan 2020. Nosotros no queremos hacer política como hacen otros sectores”, sostuvo. Y, enseguida, agregó: “Entendemos las necesidades de los colegas abogados en el ejercicio de la profesión libre, pero esto es una revisión de ciertos tópicos en el Poder Judicial que nos parece interesante tratar y para los cuales vamos a estar dispuestos a dar la discusión como también lo haremos con ganancias, extensión del horario de trabajo, reducción de la feria judicial de enero y control de la gestión, no solamente con relación a los magistrados sino también de agentes judiciales”.

Además, Cataldo afirmó que “creer que modificar la feria es agilizar la Justicia es un reduccionismo del tema”. “La agilización del sector judicial se provoca por varios motivos”, analizó. Y explicó: “Se necesita una cobertura rápida de los cargos que quedan a disposición del Consejo de la Magistratura, tanto en la etapa previa como en la de selección de la gobernadora. También necesitan establecer nuevos métodos de control de gestión y revisión de nuevos procesos. Hay muchas cuestiones que hacen que un proceso judicial se agilice, no sólo la feria”.

Para Cataldo, el debate debe ser profundo. “La cuestión es un poco más aguda y compleja porque hay que hablar de infraestructura, de mapa judicial y de la creación de nuevos organismos”. “También hay que analizar el cumplimiento de ciertas pautas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el plazo de los procesos constituye una carga del Estado y genera una responsabilidad internacional”, sostuvo.