El ex ministro de Economía Carlos Bogomolny estudió el Régimen de Asignación Complementaria Previsional, conocido como el 82% móvil, que el Ejecutivo envió a la Legislatura Provincial. El especialista se pronunció a favor de la creación del régimen aunque planteó objeciones hacia algunos puntos de la iniciativa. Uno de los artículos en los que plantea dudas es en el que establece el financiamiento para el régimen.

La opinión del contador público fue pedida por diputados del interbloque pero no será vinculante al momento de tomar una decisión.

En la fundamentación, recuerda que en la iniciativa enviada por el Gobierno se define y fijan los porcentajes de los aportes y contribuciones al régimen en la siguiente forma: a) El 2% del haber total del afiliado. b) El 2% del haber testigo de los beneficiarios. c) Una contribución del 3% mensual del empleador sobre la remuneración total mensual del empleado en actividad. Al opinar sobra la autosustentabilidad del régimen, Bogomoly señala que es indispensable tomar conocimiento del cálculo que justifica las alícuotas propuestas por el Ejecutivo.

"Lo que es doctrinariamente inaceptable es el aporte de los beneficiarios: no conocemos antecedentes al respecto. Además, el 2% del aporte no se calcula sobre la asignación complementaria sino sobre el haber testigo de los beneficiarios, o sea sobre el 82% de la remuneración total del activo", indica. Señala que con esta metodología, la asignación se reduciría en la práctica a un 77%. Sugiere requerir al Poder Ejecutivo el estudio financiero que justifique las alícuotas propuestas. Y concluye que hasta podría darse el caso de jubilados a los que se tenga que devolver la asignación porque el haber que puede llegar a pagar ANSES represente el 82% móvil del activo.

El artículo 16 de la propuesta obliga al Poder Ejecutivo a financiar los desequilibrios financieros de la Administración General de Asuntos Previsionales, organismo que crea a través de este proyecto de ley. En este punto, el ex ministro expresa que debería garantizar no sólo lo referido a los gastos, costos e inversiones que demande el organismo sino también las erogaciones, incluyendo así el pago de las asignaciones, objetivo principal del régimen.

Además, sugiere que la Legislatura conserve para sí la facultad de modificar las alícuotas creadas por el régimen y no para el director del ente autárquico que crea la ley.

Otra de las objeciones principales al proyecto están vinculadas con la falta de información con respecto al costo que tendría la implementación del 82% móvil. Además, tampoco se conoce con certeza cuántos serán los aportantes al régimen. El proyecto establece que están excluidos los regímenes especiales: docentes, personal policial y Servicio Penitenciario como así también el personal que presta servicios en los municipios que cuentan con Carta Orgánica, sin perjuicio de que podrán adherir al sistema.

Bogomolny concluye que el proyecto crea una Caja Complementaria de Jubilaciones y Pensiones y manifiesta su acuerdo en ese punto.

LAS OBJECIONES

 Diputados de la oposición que analizaron el proyecto del Ejecutivo señalan que el Gobierno no dice cuál será el costo que tendrá la medida a futuro.

 Tampoco está claro cuántos serán los aportantes. Están excluidos como afiliados los docentes, agentes del Servicios Penitenciario y Policía porque ya tienen un régimen especial que garantiza la movilidad.

 No convence que el aporte de los beneficiarios se realice sobre el haber testigo (82% del sueldo de su referente en actividad) porque se reduce el beneficio que recibe por lo menos al 80%. .

 Un caso testigo:

- Sueldo del activo: $ 3000

- Haber testigo (82% móvil): $ 2460

- Haber que paga Anses: $ 1500

- Asignación complementaria que pagaría la Provincia: $960.

- Aporte 2% sobre haber testigo: $ 49.

- Beneficiario cobraría: $960- $ 49= $ 911.