Personal policial y municipal llevará adelante este miércoles, desde las 8, el operativo de desalojo en las tierras tomadas del barrio Las Heras.

Después de que las familias que ocuparon el predio ubicado en avenida Fortunato de la Plaza, avenida Tetamanti y Mac Gaul no apelaran la resolución judicial del juez Gabriel Bombini, y de que el viernes fracasara la última audiencia de mediación, la fuerza pública quedó en condiciones de ingresar al lugar.

En los últimos días, parte de las 28 familias que habían ingresado ilegalmente al predio a mediados de marzo se fue, por lo que no se descarta que el operativo sea similar al que se llevó adelante el 3 de noviembre en un terreno cercano que también había sido usurpado. En aquel momento, a partir de un operativo policial y municipal, las familias que quedaban en el lugar se retiraron, por lo que el desalojo se concretó sin incidentes.

El lunes a la tarde, todas las áreas intervinientes mantuvieron una reunión en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) para coordinar el operativo, que será dirigido por el fiscal de la causa, Juan Pablo Lódola. Participaron, entre otros, el titular de la Departamental, José Segovia; el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, y funcionarios de Defensa Civil, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), Desarrollo Social y Bomberos.

Según se estableció, personal y móviles de Defensa Civil, Tránsito y la Patrulla Municipal se apostarán en los accesos del predio. “Desarrollo Social que ya está trabajando; el Emsur se encarga de todo el movimiento de los elementos que introdujeron al predio. También participa la Secretaría de Seguridad, la policía, fuerzas especiales y Bomberos”, aseguraron a LA CAPITAL fuentes municipales.

El conflicto está judicializado desde que el municipio tomó conocimiento de la usurpación, poco después de que los terrenos comenzaran a ser ocupados, entre el 14 y el 16 de marzo.

El 20, el fiscal le pidió al juez el desalojo. En su resolución, Lódola describió que “un grupo de 94 personas” había retirado los carteles de venta de los lotes y luego ocupó los terrenos. Los delimitarlos con cables, alambres y palos y, según puntualizó el funcionario, amenazaron a los vecinos con prenderles fuego sus casas si daban aviso a los medios.

El intendente Guillermo Montenegro dijo desde el primer minuto que no había reclamo que justificara un delito. Su bloque de concejales siguió la línea: “Intentaron vendernos que eran vecinos que solo querían un techo, pero se comprobó que eran delincuentes organizados”, llegó a decir el presidente del bloque oficialista, Agustín Neme.

De todos modos, de la causa también se desprende la situación de vulnerabilidad de los ocupantes: el propio juez marcó la presencia de “una importante cantidad de menores de edad” y advirtió las “dificultades” de las familias para “el acceso a la vivienda”.

La mediación entre los ocupantes y los dueños de los terrenos nunca halló una vía de acuerdo. El 22 de marzo, Bombini resolvió el desalojo, pero otorgó plazo para la apelación. Al no producirse, el 29 se abrió un plazo de 48 horas para que los ocupantes se retiren voluntariamente.

“Vencido el plazo mencionado, en caso de no haberse logrado una solución alternativa al conflicto y sin que se hubiera producido el desalojo voluntario del inmueble objeto de restitución provisoria, se ejecutará el mandamiento judicial de desalojo, mediando al efecto la utilización de la fuerza pública mínima y que sea estrictamente necesaria y proporcional al desalojo de los ocupantes y sus condiciones personales, respetando estrictamente el protocolo (de la Suprema Corte para estos casos) y las disposiciones pertinentes contenidas en las normas internacionales de Derechos Humanos incorporadas a la Constitución Nacional”, afirma la resolución judicial.