Mientras el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) decidió otorgarle a Curtarsa la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental, aún cuando en el documento se marcan distintas irregularidades en el funcionamiento de la empresa instalada en Jáuregui, otro organismo público incluyó a unas 15 curtiembres en el “Listado de agentes contaminantes” y las intimó a realizar una reconversión de su proceso productivo.

Se trata de una resolución emitida por la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR). En la nómina de industrias que figura en la página web del ente, cuya última actualización fue efectuada el lunes pasado, se mencionan a unas 400 firmas que “están obligados a presentar sus respectivos planes de reconversión industrial, cuyo cumplimiento será monitoreado por la ACUMAR, constituyéndose este procedimiento en una estrategia para el sostenimiento del empleo y el desarrollo productivo del país”.

En una nota publicada por el diario Página 12 en agosto del año pasado, ACUMAR informaba que hasta ese momento “sólo cuatro empresas han prestado disposición para presentar un plan de reconversión industrial acorde a procesos limpios, pero todavía ninguno fue puesto en funcionamiento; esto demuestra la baja iniciativa del sector para colaborar con la disminución de la contaminación que ellos generan en la cuenca”.

Esta semana, el área de prensa del organismo indicó a EL CIVISMO que “ya fueron presentados varios programas de empresas que iniciaron el proceso”. Sin mayores precisiones, también se informó que “entre las industrias que presentaron el plan de reconversión hay varias curtiembres”.

ACUMAR fue creada el 15 de noviembre de 2006 por el Congreso de la Nación como un ente de derecho público interjurisdiccional con “facultades de regulación, control y fomento de las actividades industriales, la prestación de servicios públicos y toda actividad con incidencia ambiental en la cuenca, así como de ordenamiento territorial y de intervención administrativa para la prevención, saneamiento, recomposición y utilización racional de los recursos naturales”.

Su creación se enmarcó en el denominado “Caso Mendoza”, en donde tomó intervención la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En julio de 2008, la Corte resolvió a los estados Nacional y Provincial y a la Ciudad de Buenos Aires recomponer el ambiente en la cuenca y prevenir los daños futuros. A su vez, designó a la ACUMAR como autoridad responsable de llevar a cabo esa tarea.

De esa manera, varias curtiembres fueron declaradas agentes contaminantes y obligadas a iniciar un proceso de reconversión.

A contramano de esa tendencia, a fines del año pasado el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible decidió otorgarle a Curtarsa la renovación del polémico certificado.

Como ocurrió en noviembre de 2007, Provincia le entregó la certificación a cambio de que la curtiembre realice distintas “correcciones y adecuaciones”. Entre ellas, “realizar las obras que resulten necesarias a los efectos de adecuar las condiciones del sector de recuperación de cromo de manera tal que se garantice la imposibilidad de que se produzcan impactos sobre el suelo mediante conducciones de fluidos apropiadas, en particular por la operación de descarga del tamiz estático por el piso hacia una rejilla”.

A pesar del aporte técnico del Municipio y de las reiteradas denuncias de los vecinos, en el transcurso del año pasado el OPDS también permitió a Curtarsa ampliar sus instalaciones con el establecimiento de un sistema de secado y almacenamiento provisorio de barros (residuos especiales) en su planta industrial de Jáuregui.

Además, con la aprobación del certificado el OPDS dio rienda suelta al polémico horno de secado de barros (equipo deshumidificador), artefacto que transformará en efluentes gaseosos los residuos semisólidos resultantes de varios procesos donde se utilizan químicos diversos.