Tras el allanamiento de una mutual acusada de entregar prestamos con intereses usurarios realizada la semana pasada, el Defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, reiteró la necesidad de que los fiscales que tienen expedientes con casos similares avancen con las investigaciones. Citó el caso de una fiscal que hace un año tiene congelada una causa con serias pruebas en contra de una mutual.

"Queremos que no sólo se hagan los allanamientos sino que también se investiguen", pidió Corregido en declaraciones a Radio Universidad. En este sentido adelantó que durante la mañana de este lunes notificará al Procurador de la provincia, Jorge Cantero que una fiscal que tenía que investigar a una mutual hizo poco y nada, a más de un año del allanamiento efectuado en ese local comercial.

"En esa oportunidad se secuestraron códigos de descuentos firmados en blanco, que le daban la posibilidad al operador de colocar las cuotas y el interés que se le plazca. Además había pagarés en blanco que estaban firmados por la gente", contó, y denunció que "en el transcurso de un año no ha tomado una sola medida más que haber llamado a dos testigos en noviembre. Después de eso no tuvo ninguna actividad", añadió. "Sería bueno que se investigue, que se hagan los relevamientos, que se traten de recolectar pruebas, pero también que se avance en la investigación", sostuvo Corregido.

Consultado sobre el hecho de que en el allanamiento de la semana pasada quedó reflejado que a los dueños de la firma le llegó la información del operativo, Corregido señaló que "la verdad que eso da pena porque poner en movimiento la Justicia, coordinar con la Policía, todo un esfuerzo económico y humano para llevar adelante un procedimiento". "Que unos pícaros filtren la información eso habla de los intereses que hay por detrás y lo cuidadoso que debemos ser los funcionarios en determinadas cuestiones que tenemos que prestar especial atención cuando tratamos temas importantes y estar alertas para ser efectivos", añadió.

El Ombudsman explicó que la metodología con la cual se estafa a los empleados públicos y los jubilados estatales no es para nada compleja. "No estamos frente a una ingeniería financiera, como podríamos llamarla de forma espectacular. Esta es una forma burda de aprovecharse de la gente. Todos sabemos que el verdadero objeto de las mutuales y cooperativas no son la de las cooperativas y mutuales sino que simplemente es prestar dinero a intereses desmedidos porque nadie los controla. Esto me hace acordar cuando yo pedía la clausura de los cabarets en Resistencia. Ellos tenían la habilitación como wiskerías pero adentro hay explotación sexual, trata de personas, pongale el nombre que quiera, pero eso está prohibido. Estamos en la misma situación. Las autoridades se tienen que dar cuenta que estas no son ni cooperativas ni mutuales y no tienen razón de existir. Debe iniciarse el procedimiento de intimación, de multas y de quita de código de descuentos como dice la ley", señaló

Corregido, además, señaló que es "escandaloso" que esta situación se prolongue en el tiempo teniendo en cuenta que la mayoría de los funcionarios conocen esta realidad. Además, reclamó que los sindicatos se involucren más en esta lucha contra la usura que afecta el salario de los empleados estatales.