Se hunde en el sillón y habla pausado y en un tono bajo. Queda claro que no le gusta mucho el contacto con la prensa. “Yo nunca salgo hablando, pero me parece que también es parte de la responsabilidad de que la ciudadanía me conozca”, dice de arranque Omar Palermo.
Corresponde volver al inicio de la charla con el hasta ahora fiscal Palermo. El encuentro es en su despacho de la Justicia Federal. Allí arranca diciendo que no sale hablando nunca.
-¿Por algún motivo en particular?
-No cultivo el alto perfil. No me gusta el juez en los diarios. No digo que no sea importante pero no me siento cómodo en ese terreno.
-¿Un juez no debería estar en los diarios?
-A lo mejor sí, sólo que no es el lugar en el que yo me siento cómodo. Allá por 2010 salimos en el diario Los Andes. Necesitábamos salir porque veníamos mal. Por suerte después se revirtió.
Palermo recuerda una nota publicada por Los Andes el 24 de marzo de 2010.
La fecha es significativa y en esa nota justamente se hablaba de la falta de avance en las causas por delitos de lesa humanidad. En aquel momento Palermo decía: “La única responsabilidad de que los juicios no se hayan iniciado en Mendoza es del Estado”. En aquel momento las causas parecían naufragar. Hoy, los juicios avanzan.
En el tiempo presente, Palermo enfrentará otros desafíos.
-¿Sabe dónde se está metiendo?
- Tengo 20 años de magistrado, de los cuales 16 fueron en la Justicia provincial. No voy a hablar de casos que haya en la Corte, pero habrá que enfrentar lo que haya.
- ¿Qué expectativas tiene con ser ministro de la Suprema Corte mendocina?
-Lo primero es que vuelvo a ser juez. Es el lugar en el que me siento más cómodo. Me parece que he sido mejor juez que fiscal. Como fiscal me siento muy cómodo en temas de lesa humanidad; no me siento tan cómodo en el resto de las causas.
-¿Es ideológica esa comodidad en temas de lesa humanidad?
-No creo que el contenido fuerte de los derechos humanos sea ideológico. Cuando alguien mata, desaparece, tortura, no es ideológico. Se trata de un ataque generalizado y sistemático contra la población. Hay una carga ideológica pero no es verdad que sea ideológico juzgar un delito de lesa humanidad. Cuando se mata, se tortura, se viola y, encima, eso lo hace el Estado, no hay ideología.
-¿Qué le pareció el resultado de la votación?
-Se debe a diversas razones. Soy un hombre del Poder Judicial, no de la política. Eso genera menos rechazo. Nadie va a descubrir nada nuevo conmigo. Hace 20 años que soy magistrado. No he tenido jamás una sanción. Todo el mundo sabe más o menos qué puede esperar de mí.
Más allá de las cuestiones ideológicas, nadie políticamente está en contra de lo que se hace en derechos humanos. Puede haber matices pero es una política de Estado.
La circunstancia de mi tarea en el plano académico. Yo soy un académico fundamentalmente.
El resultado lo recibí con mucha alegría porque es un reconocimiento. Sectores políticos incluso de la oposición también me respaldaron. Ese respaldo es una satisfacción y una responsabilidad para mí.
- Volvamos a las expectativas personales...
- Uno llega a un tribunal colegiado, con lo cual las expectativas nunca son personales. Me gustaría contribuir en algunas cosas. Hay dos ámbitos: en lo estrictamente jurisdiccional, en las sentencias. El otro es en materia de política judicial. Me interesan muchos temas.
- ¿Como cuáles?
- Me parece que es importante profundizar la aplicación del sistema acusatorio. Que los operadores judiciales internalicen que estamos en un sistema acusatorio. Que se apliquen todos los institutos. Hay muchas soluciones del conflicto a las que se puede llegar antes de la sentencia y que permitiría agilizar los procesos y dedicar recursos humanos, técnicos y materiales a la investigación de otros delitos, me refiero concretamente a los delitos económicos. Es una falencia de nuestro sistema penal en general, no sólo el mendocino.
- ¿Cuáles son las causas de esa falencia?
- El poder económico es menos vulnerable al sistema judicial que la delincuencia común. Es más o menos así en todos los países del mundo. Hay sistemas menos selectivos, en los que el derecho penal económico tiene fuerza porque alcanza al empresariado y a la corrupción política también; y otros sistemas son más selectivos, recaen sólo sobre los vulnerables. Es una brecha que tenemos el deber de reducir.
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