El funcionario dijo que si ello hubiera ocurrido “seguramente” el dictamen del Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, sobre el convenio “sería diferente”. Eduardo Olivero aclaró que el análisis jurídico parte de una premisa “incompleta”, como es que “estamos ante la protección de recursos naturales”, cuando “en realidad las regalías hidrocarburíferas (que el Estado comercializará con la empresa) son un tributo así definido por la ley de Hidrocarburos 17319”. El funcionario llamó a ponderar aspectos que no han sido tenidos en cuenta en la valoración jurídica realizada.

El gas natural que el Gobierno cederá a la planta productora de metanol, a un precio de casi el doble que el pagado por las empresas productoras del fluido, constituye una “recolocación de regalías”.

“Este es un procedimiento que se puede hacer tranquilamente por contratación directa, y que así y todo ha sido habilitado expresamente por la Secretaría de Energía de la Nación. Esa es la naturaleza jurídica correcta de la operatoria. Nada tiene que ver Renasa ni otros ejemplos que se mencionan”, aseveró Olivero.

Respecto de la presunta obligatoriedad de llamar a una licitación pública, esgrimida por el organismo de control, el secretario Legal y Técnico sostuvo que en este caso “ni siquiera hay un gasto para la Provincia. La licitación pública, que es un procedimiento administrativo destinado a la tutela del erario público, no es aplicable a este caso. Como tampoco lo es la posibilidad de un remate establecida en la vieja ley 6 territorial, que rige desde 1971”.