El ex subsecretario de Salud de la Provincia, Rubén Ojuez, declaró en el juicio por la morfina y aseguró que, luego de dos consultas, se negó a recetar ese estupefaciente a la martillera Gabriela Rubio, luego de que ella le confió su adicción a esa droga.

El médico afirmó que derivó a la martillera para que inicie un tratamiento por su adicción con una siquiatra. El ex funcionario declaró esta mañana como testigo en el juicio que se sigue en el Tribunal Oral Federal contra dos enfermeras y familiares que le suministraban morfina a la mujer con recetas que les pedían a médicos de salud pública. Según la imputación, a cambio obtenían beneficios económicos de la martillera.

Luego de que la División de Toxicomanía destapó el caso, la mujer, que se había hecho adicta luego de un tratamiento contra el dolor por un accidente que sufrió, terminó sucidándose. Por violar la ley de drogas están acusadas las enfermeras María Isabel Ibarra -es la más comprometida por los testimonios hasta ahora- y sus hijos Mauro, Mónica y Vanesa Rodríguez. También la enfermera Eva Nélida Arrieta y su esposo, Raul Jaimes.

En la segunda jornada de debate, por la mañana declararon diez testigos y, por la tarde, lo harán doce. Primero, la enfermera Irma Chopa reconoció las actas del secuestro de talonarios de recetas del Hospital de Catriló, dónde la imputada Ibarra cumplió suplencias temporarias.

Luego, Sonia Daniel Aullestiarte y Pedro Pablo Pérez, de la farmacia y administrador del Hospital de Barón, recordaron que la enfermara Ibarra hacía suplencias los fines de semana y le pidió recetas “de favor” a los médicos Rodríguez Huerta y Paladino.

Dos consultas

con Ojuez

El ex subsecretario de Salud, Rubén Ojuez, declaró como testigo. En 2008, un año después de dejar la función pública, atendió a la martillera Rubio en su consultorio particular. “La vi dos veces. Hice un postgrado en dolor. A la segunda vez, me doy cuenta de que padecía una adicción y como no estaba capacitado para tratarla, la derivo a la doctora Rivarola, del Plan 5000. Después no la vi más”, contó.

-¿Sabe si efectivamente la atendió? -le consultaron.

-La doctora estaba de carpeta, se había fracturado. Pero sé que finamente la terminó atendiendo. Era una persona adicta, me lo dijo. Yo le dije que trataba el dolor pero no estaba capacitado para una adicción.

-¿Le pidió una receta de morfina?

-Ella me dijo que quería desintoxicarse bajando paulatinamente la cantidad. Yo le dije que no me parecía adecuado.

-¿Lo fue a consultar para que le de morfina?

-En principio vi que buscaba una solución a su problema. Después, pidió la medicación. A lo cual yo no accedí.

-¿Era una persona capaz de cualquier cosa para conseguir morfina?

-Fue muy poco que la vi. Cuando le manifiesto que no le iba a dar la medicación, es como que se terminó la consulta. Rápidamente se fue. Le hicimos la conexión para que la atendiera la doctora Rivarola.

-¿Era una persona manipuladora? -preguntó el defensor de Ibarra, Oscar Tomás del Campo.

-Tenía una personalidad muy particular, fue poco tiempo. No soy sicólogo. En principio sí, creí que iba a pedir ayuda.

El presidente del Tribunal, José Triputti, mecionó el paso de Ojuez por la función pública y le hizo algunas preguntas generales.

-¿Los médicos solo hacen recetas con los pacientes presentes?

-La norma es que se tiene que hacer delante del paciente. El tema es que si va un paciente oncológico, terminal, con problemas para trasladarse, el médico por ahí trabaja en el hospital y no puede salir. Quizá no sea lo correcto, pero es humanitario.

-¿Hay control en Salud Pública? La morfina también se usa para drogarse.

-Si, sí. Los hace la gente de la farmacia, que son los que reciben los formularios, hay una chequera personalizada.

-¿Qué pasa si el personal receta de favor? ¿Si hay un faltante?

-Hay escalones en el control, en teoría tienen que estar aceitados. Si ocurriera, se manda a la Fiscalía de Investigaciones. Ha habido casos que entre compra y remito, se pierde, y se hace.

En otro tramo del testimonio, Ojuez defendió las bondades de la morfina en la práctica médica. “Es baja la posibilidad de generar adicciones con morfina. Es uno de los medicamentos más nobles. No tiene techo. El techo es el dolor. Lo que pasa que en pacientes adictos de antes, no está prescripto”, explicó.

“Hay que desmitificar, hay que volver a aprender a usarla. A veces duele el bastardeo porque es un medicamente muy noble. Mucha de la mala prensa que tiene se la deben a los propios médios”, dijio.

Ojuez rescató entonces que la capacitación sobre paliativos del dolor que realizó le sirvió para cambiar esa óptica. Antes de eso, jamás había recitado morfina a sus pacientes, confió.

Dos farmacias

Por otra parte, también declararon ayer el dueño de la farmacia “Libertad”, Jorge Antonio Guardia, y las empleadas Carina Reinhart y Adriana Lis Fernández. Allí la justicia secuestró varias recetas de morfina. “La mujer que la llevó me dijo que era para la mamá, que vivía en un pueblo y no la conseguía”, dijo una de la chicas.

El propietario recordó que en una oportunidad la martillera Rubio fue con una receta de Pami a pedir una medicación común. “Preguntó si nosotros teníamos morfina. Como había salido (el caso) en los diarios, me fui para atrás y hablé con el presidente del Colegio, (Miguel) Ossio, que se fijó y me dijo que era ella, porque tenía la dirección en la zona del Casino. Salí y le dije que no, que no teníamos morfina”, relató el farmacéutico.

Las empleadas de la farmacia San Damián y la dueña también declararon. Rosana Coco y Claudia García contaron que las ampollas de morfina tienen un costo de 18 pesos actualmente y, en la época del caso, valían 10. “Es una droga barata”, reflexionó el juez Triputti.

En el juicio, las empleadas reconocieron la cuatro recetas secuestradas de esa farmacia y dijeron que la martillera fue varias vaces a comprar bijouterie, pero nunca pidió morfina. “Era una persona agradable, de llevar una conversación. No daba el perfil de una persona enferma”, la describió una de ellas.

La farmacéutica, Ana María Narcué, contó que le llamó la atención cuando recibió, en dos oportunidades, un pedido de morfina a la mañana y luego insistentes llamados de la mujer, hasta que llegó el pedido. “Algo podía estar pasando, por la insistencia”, pensó.

La mujer que retiró los pedidos firmaba como Mónica Aloi. Sin embargo, otro día fue al Rapipago que funciona en la farmacia y “ahi (el comisario Luis) Correa me dijo cómo se hacía llamar, que no era Aloi. Ahora sé que era Ibarra”.

Finalmente, la farmacéutica confirmó que es costumbre no pedirle los documentos para verificar que los datos que la persona que retira los medicamentos anota en la receta son reales.