Entre Cerros es un proyecto de barrio cerrado ubicado en la zona de Villa Lago Gutiérrez, con vistas al lago y a los cerros Catedral, Otto y Ventana. Los 268 lotes que ofrece una exclusiva inmobiliaria de Buenos Aires son parte de un loteo conocido como Virreina del Lago que fue aprobado el 21 de enero de 1954. A través de internet y en distintos medios de información de Bariloche se promociona su venta aunque la propuesta no tiene parámetros urbanísticos aprobados y está trabada en la municipalidad por cuestionamientos sobre la propiedad de la tierra.

Así fue confirmado por distintas áreas de la municipalidad donde señalan que en el lugar hay calles públicas que aún no fueron abiertas y que un proyecto de esas características requiere un tratamiento similiar a Dos Valles, el emprendimiento de Marcos Clutterbuck que está ubicado a poca distancia y transitó el tratamientod de Rango 3.

El loteo es ofrecido por la inmobiliaria Bullrich que comercializa Torres de Alta Gama, Countries, Urbanizaciones de Descanso y barrios cerrados en la Patagonia desde Buenos Aires, y promueve este barrio cerrado afirmando que "tiene en marcha las obras de infraestructura con previsión de finalización en corto lapso". Entre las obras indica que hay "apertura parcial de calles", que el agua tiene la red aprobada y se están inciando las obras, que se están por entregar los planos de obra de gas a Camuzzi y que se realizó el pedido de luz ante la Cooperativa de Electricidad Bariloche.

En Bariloche, el proyecto es gestionado por la sociedad Lagos de Bariloche con quien la municipalidad mantiene una disputa en la Justicia por la ejecución fiscal de tasas impagas y que sería representada por el abogado José Luis Martínez Perez.

El loteo está realizado en tierras con un elevado valor inmobiliario y sobre las que existirían dudas sobre los derechos de propiedad. Por lo menos así se informó desde la municipalidad cuando explicaron por qué no se autoriza el inicio de obras de infraestructura para el loteo.

Las tierras que reclama Martínez Perez en nombre de la sociedad tuvieron una ejecución fiscal por deuda de tasas a fines de la década de 1990 que derivó en un embargo y un pedido de subasta. En 2008 representantes del proyecto solicitaron autorización para realizar la red de agua pero no obtuvieron autorización porque, según afirmaron en Catastro municipal "no acreditaron la titularidad".

Un dictamen de la Asesoría Letrada del 24 de noviembre de 2009 confirma las dudas existentes sobre el loteo y recomienda que no se autoricen las obras porque "la legítima titularidad de dominio de los inmuebles sobre los que se pretende autorizar la obra se encuentra cuestionada" y afirma que son "bienes en litigio y en posesión de terceros con derechos adquiridos".

Según pudo averiguar B2000, Martínez Perez -en nombre de la sociedad- planteó la nulidad de la subasta judicial por la deuda de tasas en el año 2008. El 7 de julio de 2008, el doctor Emilio Riat emitió una sentencia en la que resolvió que Martínez Perez no está legitimamente acreditado y lo intimó a regularizar la situación en los siguientes diez días. La respuesta fue una apelación al fallo de primera instancia que fue confirmado el 16 de junio de 2009 por la Cámara.

Ante la decisión de la Cámara, se planteó un recurso de casación para acceder al Superior Tribunal de Justicia que puede ser aceptado o rechazado. Si es rechazado Martínez Perez aún podría "ir en queja" y, en última instancia, apelar a la Corte Suprema de Justicia, proceso que podría llevar varios años.

Como si el tema no fuera complejo -solo la causa de la ejecución tiene 1.500 fojas- hace varios años atrás la municipalidad desató una polémica cuando decidió ceder el derecho de cobro de la deuda a la empresa constructora Codistel y a un particular de nombre Carlos Fernández.

A esta situación, se suma que el "incidente" que continúa en trámite dentro de la Justicia involucra también derechos de propietarios que compraron lotes en subasta por lo que, si se da "un paso en falso" se podría perjudicar al Estado. Ese fue uno de los argumentos que sostuvo la municipalidad para no autorizar el avance de las obras de infraestructura hasta que la cuestión esté resuelta en la Justicia.

Cualquier decisión que tome la Municipalidad es "consolidar una situación irregular en la cual es parte" señalaron desde la Asesoría Letrada y la opinión, si bien no es vinculante, tendría eco en las Secretarías de Obras y Servicios Públicos -dentro de la órbita de Economía- y de Planeamiento y Medio Ambiente.

Pero curiosamente, el pedido tiene un visto bueno del secretario de Economía, Federico Lutz, quien el 28 de septiembre del año pasado expresó por escrito que "la utilización dentro del ejido municipal de tierras con fines de vivienda favorecen las políticas generales de gobierno en materia de resolución de la emergencia habitacional y evita especulaciones que atentan contra las necesidades generales de vivienda".