Después de que el PJ le enviara una carta documento al intendente Juan Jure para reclamarle que desactive la tercerización de la recolección de residuos y el mantenimiento del alumbrado público, el oficialismo salió ayer a respaldar al jefe comunal y a asegurar que no hay ninguna sospecha de ilegalidad en los pasos que fue dando la administración radical para terminar cediéndole a la empresa cordobesa Cotreco el contrato de la mixta Gamsur.

El justicialismo había indicado en la carta documento que le envió a Jure que la cesión de un negocio de 352 millones de pesos fue “ostensiblemente ilegal” porque ignoró toda la normativa que indicaba que la decisión debía ser tomada por el Concejo Deliberante con los dos tercios de los votos. La oposición se basa fundamentalmente en el artículo 9 de la ordenanza 593/01, que señala que ninguno de los servicios que presta Gamsur pueden ser tercerizado o subcontratado sin la aprobación expresa de 13 de los 19 concejales.

Ayer, el Ejecutivo prefirió el silencio. Quienes salieron a contestar y a negar que el decreto deba ser anulado para que todo el proceso comience de nuevo en el Concejo fue el bloque oficialista.

“No compartimos para nada la postura del justicialismo. Claramente, el intendente, en el uso de sus facultades, ha obrado con un acto administrativo completamente legal a través de un decreto solventado en la firma de los secretarios relacionados del área como también de un dictamen del fiscal”, manifestó Fabricio Pedruzzi, jefe del bloque Río Cuarto para Todos.

“En su carta documento el justicialismo hace referencia a una ordenanza de 2001 en la que se establece que las autorizaciones deben ser dadas por el Concejo Deliberante. Pero lo que no aclara la oposición es que, tal como lo expresa muy bien nuestro fiscal municipal, en 2010 se aprobó un nuevo contrato de Gamsur en el que hay artículos que autorizan a hacer subcontrataciones y tercerizaciones con aprobación del Municipio. En ese marco, el intendente tiene la facultad de aprobar o no el traspaso del contrato y, en este caso, se hizo con justificaciones muy válidas como, por ejemplo, las cuestiones financieras. Por una decisión del Banco Central las empresas de economía mixta han quedado prácticamente impedidas de tener una financiación diaria”, indicó Pedruzzi.

Pero agregó que la principal razón de la polémica decisión fue que el intendente ya no aceptaba mantener una relación directa con el gremio de los recolectores (Surrbac), principalmente después de que hubiera una medida de fuerza que paralizó el servicio de higiene urbana en la ciudad.

- El contrato por la recolección de residuos es el más importante, en términos monetarios, que tiene la Municipalidad. ¿Cómo puede explicarse que se haya cedido sin licitación, sin que otras empresas puedan hacer ofertas que podían ser más beneficiosas?-, se le consultó a Pedruzzi.

- Aquí hay que ver también la circunstancia en un contexto más general. En 2010, a partir de una audiencia pública y de trabajos realizados por el Munipio, llamamos a una oferta pública que determinaba la venta de las acciones de la mixta Gamsur y la posibilidad de generar un nuevo sistema de tratamiento. En esa oportunidad se presentó una sola empresa, en relidad una UTE integrada por Cotreco y Agrotécnica Fueguina. En ese momento la Municipalidad, a través de una comisión en la que participaron tres secretarios del Ejecutivo, más un concejal oficialista y otro opositor, por unanimidad aprobaron el sobre uno, que eran los antecedentes técnicos, económicos y financieros. La empresa Cotreco manifestaba su decisión de hacerse cargo del servicio de higiene urbana pero nosotros no coincidimos con la forma de pago de las acciones. Lógicamente, a partir de allí quedó un antecedente muy importante a favor de esa empresa. Fue un antecedente de peso que el intendente y Gamsur decidieran que esa era la empresa a la cual debía tercerizarse el servicio porque cumplía con los requisitos técnicos, económicos y financieros. Así que creo que la tercerización cumplió en este aspecto, por supuesto no como una licitación pública específica pero sí a través del análisis de los antecedentes que no hace más de un año recibió el Municipio.

- El PJ dice que el gobierno fue haciendo los pasos preparatorios para terminar cediendo el contrato. Por ejemplo, hace 40 días se aprobó un nuevo canon y se compraron nuevos camiones. Dicen que estaba todo planificado.

- No, eso lo descarto completamente. Cada uno de los pasos que hemos dado se han realizado en función de ordenanzas y proyectos específicos. Así como se hizo la oferta pública, luego se realizó un contrato a la empresa Gamsur y siempre basado en los proyectos específicos. Nada se preparó de antemano. Son aseveraciones completamente falaces y que sólo tienden a politizar el tema como viene haciéndose desde hace tres años con Gamsur.

- ¿Teme que se judicialice esta discusión?

- Desde mi punto de vista creo que no se va a llegar a la judicialización porque todos los actos administrativos son legales. No entiendo cómo se pudo llegar a mandar cartas documento cuando los dictámenes del fiscal, los actos administrativos realizados por el intendente y por los secretarios son, a todas luces, legales. Creo que, cuando tenga la información que le otorgue el intendente, la oposición va a despejar todas sus dudas jurídicas aunque, desde lo político, las diferencias van a seguir porque nunca conseguimos un acuerdo sobre este tema.