Como se preveía, la bancada Tucumán Crece impuso su abrumadora mayoría para alumbrar los Consadep III, que se utilizarán para pagar deuda consolidada. La oposición no acompañó y también se despachó contra el ministro de Salud, Pablo Yedlin, por el escándalo de la Fundación Salud.
Los títulos se emitirán el 5 de junio de este año y tendrán vencimiento el 5 de diciembre de 2020 y está previsto que la amortización se realice mediante 20 cuotas semestrales, iguales y consecutivas, equivalentes cada una al 5 por ciento del total emitido, venciendo la primera de ellas el 5 de diciembre de 2010. En cuanto a los intereses, se devengarán sobre los saldos a partir de la fecha de emisión a la tasa vigente para los depósitos en eurodólares a seis meses de plazo en el mercado interbancario de Londres, correspondiente por definición a la tasa activa Libor.
Garantías e informes
La provincia pondrá como garantía principal la afectación diaria de hasta un 6 por ciento como máximo de los fondos coparticipables que debe percibir Tucumán, hasta alcanzar el 100 % del total de cada servicio. Además, el Poder Ejecutivo se comprometió a remitir a la Legislatura, en forma bimestral, un informe del estado de aplicación de los títulos. Paralelamente, la Legislatura dejó sin efecto la emisión de 50 millones de dólares en Consadep II, que el Gobierno no llegó a llevar adelante.
Osvaldo Cirnigliaro, del Partido Laborista, manifestó que estaba en contra y justificó: "¡Cómo me va a decir en el discurso oficial que está bajando la deuda y que la deuda va a desaparecer y a la primera sesión que hace esta Cámara, estamos contrayendo una nueva deuda por 100 millones de dólares ¡Con cualquier argumento: para pagarle a los abogados, para pagarle a los amigos, para hacer inversiones! Es sabido, señor Presidente, que hoy la figura más importante -digamos- la niña bonita de los inversores son los bonos provinciales, incluso mas que los bonos nacionales". Desde el oficialismo, la presentación del proyecto estuvo a cargo de José Cúneo Vergés, y los argumentos políticos quedaron en boca de Roque Alvarez, presidente de la bancada Tucumán Crece.
Antes de que comience el debate, en el período de manifestaciones generales, los opositores hicieron cola para pegarle al Gobierno por el escándalo que se desató por una investigación del Tribunal de Cuentas, que objetó el contrato con la Fundación Salud para dictar cursos odontológicos a personal del Siprosa por un monto de 800.000 pesos, que no llegaron a pagarse ante el control preventivo del Tribunal. Desde el oficialismo aseguraron que el propio ministro Pablo Yedlin reconoció los errores.
Otros temas
Por otro lado, la Cámara autorizó al PE a celebrar contratos de "leasing (alquiler con opción a compra) para uso de bienes de capital hasta la suma de 30 millones de pesos. Se estima que gran parte se destinará a equipamiento vial pesado para el plan pre-lluvia y el mantenimiento de la red vial secundaria y terceria, clave para los productores agropecuarios.
También quedó aprobado, tras la sesión legislativa de ayer, el reestablecimiento de un régimen especial de facilidades de pago para aquellos contribuyentes que estuvieron en la moratoria anterior (hasta diciembre de 2009) y no abonaron las cuotas y para aquellos que no ingresaron.
El único proyecto que se aprobó por unanimidad de los 37 legisladores presentes en el recinto fue el referido a la implementación de una política integral para la prevención y asistencia a las adicciones, que crea programas especiales y articula los esfuerzos de diversas reparticiones oficiales para luchar contra la drogadicción.
Además, se autorizó la actualización de datos de inmuebles de manera simultánea entre la Dirección de Catastro y el Registro Inmobiliario; inlusive mediante la compra de equipamiento de alta tecnología.


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