"De acá se llevan más de dos muertos", con estas palabras uno de los principales referentes del grupo que desde hace cuatro días mantiene cortados varios accesos a la ciudad desafió ayer a las autoridades provinciales ante un eventual desalojo compulsivo por parte de la policía.

En medio de una asamblea realizada por la tarde, los ocupantes de las viviendas de House Vial –quienes demandan respuestas del IPPV– adelantaron que no van a abandonar las rutas y denunciaron que el gobierno no cumplió con los compromisos asumidos en la última mediación judicial que, entre otros puntos, incluían la entrega de viviendas a 23 de las familias que ilegalmente usurpan el plan habitacional.

Los manifestantes cumplirán hoy con su cuarto día de protesta aunque ayer las medidas se flexibilizaron durante la jornada. Es que lejos de los cortes dispuestos durante el fin de semana, ayer a la mañana sólo se limitaron a interrumpir parcialmente la Ruta 22 y 6 por algunas horas.

Pero por la tarde y tras la respuesta del gobierno de cerrar el diálogo (ver recuadro) decidieron nuevamente el corte total sobre las dos vías de comunicación, aunque la apertura se realizaba cada una hora. Pero nadie quería quedarse "entrampado" en la espera por lo que efectivos del Departamento Vial decidieron montar un operativo para desviar el importante tránsito vehicular por caminos alternativos ubicados al sur de la Ruta 22.

Esta situación despertó nuevamente el enojo de cientos de conductores.

Críticas al Gobierno

El comunicado de prensa emitido por el Gobierno provincial generó un profundo malestar entre los manifestantes, quienes realizaron una asamblea y decidieron seguir sobre la cinta asfáltica y acampar en la rotonda de las rutas 22 y 6. "Estamos dispuesto a todo, incluso a dar la vida porque esta casa es todo lo que tenemos", dijo enfurecido uno de los manifestantes quien pidió reserva de su identidad por entender que ya tiene "varias causas judiciales" con respecto a este tema. Los manifestantes decidieron romper el pacto de silencio en torno a la mediación judicial que se realizó con las autoridades del IPPV y de la Fiscalía de Estado. "Resulta que nos prometieron que a las 23 familias que tenían el puntaje les iban a dar la casa donde estaban alojados y al resto les iban a congelar las causas penales para avanzar con otros planes habitacionales", comentó una de las mujeres.

"Pero todo fue una farsa. Se terminaron las PASO (elecciones primarias) y no volvieron nunca más. Ni Bardeggia (del IPPV) ni los funcionario de la Fiscalía de Estado nos atienden el teléfono", dijo otro de los manifestantes, quien adelantó que tres mujeres iniciaron una huelga de hambre.

Más allá de las denuncias que presentó el gobierno de Alberto Weretilneck, tanto la Justicia Federal como la provincial ya habían avanzado en la notificación de las causas penales que se tramitan en cada uno de los juzgados. Ayer por la tarde fue la fiscal Ana Benito la que solicitó un informe a la policía para saber la actividad y la identidad de los ocupantes. Una medida similar había adoptado el fiscal Federal Alejandro Moldes, quien también pidió detalles de la ocupación sobre la Ruta 22.